La Asociaci�n Madrile�a de la Empresa Familiar (AMEF) denuncia la posici�n de "inferioridad" del contribuyente en Espa�a ante un Fisco "extremadamente poderoso" y lanza una propuesta con una veintena de medidas de cambio.Los empresarios madrile�os conviven con dos modelos de pol�ticas fiscales pr�cticamente antag�nicos. Uno, el que desde hace m�s de dos d�cadas vienen aplicando los diferentes gobiernos de la Comunidad de Madrid dentro de sus posibilidades y competencias, basado en un alivio progresivo de la carga fiscal para espolear la actividad econ�mica, favorecer la inversi�n y, con ello, la creaci�n de riqueza y empleo. Y otro, el marco tributario general que se aplica en el conjunto del Estado espa�ol y que es todo lo contrario: "Muchas veces injusto, am�n de ineficaz, con el contribuyente", al que sit�a en "una posici�n de inferioridad" respecto a Hacienda y con un sistema sancionador que se caracteriza por su "dureza". Un c�ctel de factores indigesto para la inversi�n, la actividad empresarial y la generaci�n de empleo. As� se desprende de un informe de la Asociaci�n Madrile�a de la Empresa Familiar (AMEF) en el que se plantea una amplia reforma del sistema tributario espa�ol para reequilibrar la relaci�n entre los contribuyentes, ya sean compa��as o particulares, y el Fisco."La empresa familiar de Madrid reclama una reforma fiscal que recupere la dignidad y el respeto al contribuyente ante un Fisco extremadamente poderoso", se�ala a EXPANSI�N Antonio Barderas, director de AMEF, quien a�ade que "con base en el respeto tanto a ciudadanos como a empresas, deben actualizarse las actuales reglas de funcionamiento de la Hacienda espa�ola con una imprescindible regeneraci�n democr�tica, ausente desde hace ya demasiados a�os".En el informe, elaborado a solicitud de AMEF por el catedr�tico de Derecho Financiero y Tributario de la Universidad de Barcelona Luis Manuel Alonso Gonz�lez y al que ha tenido acceso este diario, se ponen sobre la mesa una veintena de medidas que permitir�an mejorar la posici�n del contribuyente fiscal en Espa�a en sus relaciones con Hacienda, porque "el contribuyente no puede ser un ciudadano de segunda", se�ala Alonso, en referencia al trato que ahora percibe por parte de la Administraci�n tributaria. As�, el documento aborda la necesidad de esa reforma desde diferentes �mbitos: el mal funcionamiento actual del sistema; la elevada presi�n fiscal sobre empresas o ciudadanos; la mejora de los derechos y garant�as de los contribuyentes, o la necesidad de un sistema sancionador m�s proporcional.LitigiosidadSobre el primer punto, el informe alerta de que el actual modelo de relaciones entre los contribuyentes y la Hacienda P�blica "promueve la litigiosidad hasta extremos que ya no son soportables", en un contexto en el que el inadecuado funcionamiento del Fisco queda patente en el hecho de que, desde hace muchos a�os, m�s del 40% de las reclamaciones econ�mico-administrativas las terminan ganando finalmente, "en todo o en parte", los contribuyentes, se�ala el autor de la propuesta. El caso m�s reciente y sonado por su impacto medi�tico es el de la cantante Shakira tras la sentencia de la Audiencia Nacional condenando al Fisco a devolverle 60 millones de euros. Es un "caso muy llamativo, pero no excepcional", se�ala Luis Manuel Alonso.Por ello, el informe de la AMEF reclama la incorporaci�n al sistema de mecanismos intermedios de resoluci�n de conflictos "para aliviar el volumen de litigiosidad en materia tributaria", ya sean herramientas de mediaci�n como las que existen en Alemania o Pa�ses Bajos; de arbitraje, como en Portugal, o de conciliaci�n, como en Italia. Espa�a, sin embargo, "no prev� nada". La Asociaci�n Madrile�a de la Empresa Familiar reclama tambi�n "una mayor imparcialidad de la actuaci�n de los �rganos de Hacienda", con la incorporaci�n de personas no dependientes de la Administraci�n que "eviten el sesgo favorable" hacia el Fisco "que hoy en d�a es tan perceptible".Lucro y responsabilidadEl informe pide tambi�n que se ponga coto al lucro econ�mico de los inspectores de Hacienda por hacer su trabajo, cuesti�n en la que genera un "amplio recelo" que sus retribuciones est�n vinculadas al "volumen de liquidaciones que dictan", y pone sobre el tapete la necesidad de exigir responsabilidades a aquellos funcionarios que cometan errores, por ejemplo, con medidas que neutralicen "su enriquecimiento a base de actuaciones que son declaradas contrarias al ordenamiento". En la actualidad, tanto el funcionario como los superiores que le han avalado en una actuaci�n eventualmente incorrecta "carecen de la menor responsabilidad".El documento, que aboga por el retorno a una mayor atenci�n presencial al contribuyente o por tener en cuenta su "biograf�a fiscal" a la hora de imponer sanciones, pidiendo un trato m�s "comprensivo" con quienes hasta ese momento "nunca han faltado a sus deberes tributarios", cree necesarios cambios en un sistema fiscal dise�ado hasta ahora para "favorecer los intereses recaudatorios de la Hacienda P�blica". En este sentido, plantea racionalizar los procedimientos de derivaci�n de responsabilidad tributaria; esto es, aquellos en los que "un sujeto que no realiza el hecho imponible es quien responde del pago de la deuda tributaria", reclamando que estos se limiten a aquello casos donde est� acreditado "que su participaci�n en los hechos ha permitido al deudor principal eludir su obligaci�n de pago ante el Fisco".SancionesSobre el r�gimen sancionador, que sobresale por su "dureza", el informe exige que las funciones liquidadoras y sancionadoras no recaigan en el mismo funcionario; que se introduzca el principio de proporcionalidad, de modo que no se castiguen del mismo modo "las conductas netamente dolosas" de las actuaciones negligentes; que se reduzca la sanci�n para aquellos contribuyentes que colaboran con Hacienda y abonan la multa "sin dilaci�n", cosa que ahora no ocurre; o que en la legislaci�n administrativa del Fisco se reconozca el derecho al error, como recientemente hizo, por ejemplo, Catalu�a.El informe pide tambi�n la proscripci�n del llamado "segundo tiro" (cuando la Administraci�n se equivoca al regularizar y puede volver a hacerlo aunque la primera sentencia haya anulado su primera liquidaci�n); admitir la regularizaci�n voluntaria incluso una vez iniciado el procedimiento administrativo, o potenciar la figura del Defensor del Contribuyente, ampliando sus competencias y dot�ndola de los medios necesarios para desarrollarlas.Los ingresos fiscales del Estado no han parado de crecer en los últimos años, hasta batir un récord tras otro. ¿Gestión? ¿Persecución del fraude? Puede, pero solo en parte, porque en buena medida esas recaudaciones históricas se sustentan "en una fiscalidad voraz y en la no adaptación de las normas fiscales a la inflación", señala el informe elaborado por el catedrático de Derecho Financiero y Tributario de la Universidad de Barcelona Luis Manuel Alonso González para AMEF. Un afán recaudatorio que no es inocuo para la actividad económica. De un lado, porque los altos impuestos ahuyentan a la inversión. Y de otro, porque empobrecen a los ciudadanos. Así, el documento solicitado por AMEF exige la supresión del Impuesto Temporal a las Grandes Fortunas, fruto, según el análisis de "una radical ideologización de la materia fiscal", y que vino a armonizar por la puerta de atrás el Impuesto de Patrimonio. Un tributo de nuevo cuño que, según el informe, envía "una señal disuasoria en cuanto a la llegada de nuevos capitales a España", incentivando "la búsqueda de jurisdicciones fiscalmente menos agresivas" y, por tanto, mermando el potencial de inversión. Sobre la negativa tajante del Gobierno a deflactar la tarifa del IRPF (cosa que sí hicieron en su día Madrid y otras comunidades en el tramo autonómico del tributo), la AMEF subraya la "necesaria indexación de las normas fiscales a la inflación y su revisión periódica", por que el alza de los precios "se comporta como un impuesto oculto y, por tanto, ilegal, y lesiona gravemente la capacidad económica de los ciudadanos".