La aerolínea Plus Ultra no estaba antes de la pandemia entre las principales referencias en las pistas de Madrid-Barajas. Tampoco en el aeropuerto de Tenerife, donde se veía como rara avis con vuelos a Latinoamérica. No era rival para Iberia o Air Europa. Ni sistémica para la economía española cuando accedió en marzo de 2021 (por la pandemia de la covid) a un rescate con dinero público que vuelve a estar en el centro de una sonada causa judicial, ahora con José Luis Rodríguez Zapatero, expresidente del Gobierno, como imputado en la Audiencia Nacional. Se investiga su supuesta intermediación en la ayuda. La compañía obtuvo 53 millones de financiación del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas (FASEE), creado para reflotar corporaciones tocadas por la crisis sanitaria. El Ejecutivo de Pedro Sánchez insiste en que el rescate cumplió los requisitos legales.Plus Ultra alcanzó la ayuda esencialmente por tratarse de una empresa de nicho (la conectividad entre España y Venezuela) y actuar en un sector (el del transporte aéreo) considerado entonces estratégico por el Gobierno y por la Comisión Europea. Sobre aerolíneas de todo el continente llovieron miles de millones en ayudas entre 2020 y 2021 para la supervivencia al derrumbe del tráfico ocasionado por los confinamientos, cierres de fronteras y el propio temor de los viajeros al contagio del coronavirus a bordo de los aviones. Casi 900 millones de euros fueron repartidos por el FASEE para salvar al sector aéreo en España, de un total de 2.681 millones prestados a 28 empresas de diversos sectores. El fondo público ha recuperado ya 1.745 y cobrado 334 millones en intereses. Pero el caso de Plus Ultra se ha torcido por una nueva crisis, la de la escalada del precio del queroseno ocasionada por el conflicto en Oriente Próximo provocado por Estados Unidos y su ataque a Irán. La compañía aérea ya fue incapaz de amortizar en marzo los primeros 19 millones a que se había comprometido (otros 34 millones vencen en marzo de 2028), por lo que negocia con la SEPI un plan de viabilidad y nuevos plazos para reintegrar los 53 millones recibidos cinco años atrás. “Todas las rutas se están desarrollando conforme a programación y se continúa ejecutando el plan de negocio establecido y los compromisos adquiridos con clientes, pasajeros y con el personal”, trató de tranquilizar el pasado jueves, a través de un comunicado, la empresa que preside Julio Martínez Sola. Su futuro parece pender de un hilo, o de un tribunal.Con la investigación de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional y la instrucción del juez José Luis Calama, se reabre la fuerte controversia sobre su rescate. ¿Cumplía Plus Ultra con los requisitos del FASEE? ¿Era una empresa estratégica a la que entregar fondos públicos? ¿Dónde fue a parar el dinero dedicado a una aerolínea que se vinculó con el régimen venezolano de Nicolás Maduro? La pequeña Plus Ultra ocupaba justo antes de la crisis sanitaria la undécima posición por tráfico de viajeros entre las 20 principales aerolíneas españolas con licencia de tipo A, que permite operar con pasajeros, carga y correo con aviones de más de 10 toneladas o 20 asientos. Su cuota de mercado al cierre de 2019, cuando operaba con cuatro aeronaves (en la actualidad tiene siete para viajeros y dos de carga), era del 1,6% entre España y Latinoamérica, y del 0,1% si se considera toda la actividad aérea hacia y desde este país, según consta en la información que supervisaron en 2021 el Consejo Gestor del FASEE y sus asesores externos Deloitte y DC Advisory. Pero España y el motor turístico, gripado en 2021, no estaban para perder una aerolínea y el peso de Plus Ultra fue considerado esencial en la conexión con Venezuela. En las rutas a Caracas atendió el año previo a la crisis sanitaria a un 19,4% de los viajeros totales. Una vez estudiada la petición de ayuda de Plus Ultra, asesorada por la consultora PwC, y observado el cumplimiento de los requisitos que exigía el fondo tutelado por la Sociedad Estatal de Participaciones Estatales (SEPI), no hubo lugar para rechazar el otorgamiento de una financiación pública que fue duramente criticado por la oposición. Tras Plus Ultra se apreciaban vínculos con el régimen de Venezuela. Un 47,2% del capital de la aerolínea estaba en poder de la sociedad Snip Aviation, con tres directivos venezolanos en el consejo: Rodolfo José Reyes Rojas, Raif El Arigie Harbie y Roberto Roselli Mieles, consejero delegado de la compañía aérea. El primero de ellos es uno de los protagonistas en el auto del juez José Luis Calama, y el último fue detenido durante unas horas el pasado diciembre para que prestara declaración en el Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid, donde se indagaba sobre un posible blanqueo de capitales de la compañía, del que advirtieron autoridades de Francia y Suiza a la Fiscalía española.Las estadísticas de tráfico aéreo que maneja el operador aeroportuario Aena hablan a las claras de que la firma, que preside actualmente Julio Martínez Sola, era residual en el sector. Desde el lanzamiento de sus operaciones en 2016 hasta el cierre de 2019, sumó 415.470 viajeros, con una media de poco más de 100.000 al año. En los diez ejercicios completos desde su nacimiento, Plus Ultra ha transportado a 1,74 millones de pasajeros hacia o desde España, con vuelos entre Madrid y destinos como Caracas, Lima, Bogotá, Cartagena de Indias o Malabo. Pero toda la actividad y requisitos de elegibilidad para el rescate, como contar con sede social y certificado de operaciones español, fueron supervisados, entre otros organismos, por la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA) y por la Dirección General de Aviación Civil (DGAC) antes de la concesión de los 53 millones de crédito. Firmó la ayuda el Consejo de Ministros.El salvavidas de Plus Ultra también pasó el examen del Tribunal de Cuentas (informe del 27 de septiembre de 2024), de la IGAE en cada una de las presentaciones de las cuentas del FASEE, de la Oficina Nacional de Contabilidad y de la Comisión Europea. No se encontró irregularidad alguna durante la instrucción de una primera causa sobre el rescate en el Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid, sobreseída por excederse los plazos procesales. Y el Tribunal de Justicia de la UE, en sentencia de junio de 2024, desestimó un recurso de Ryanair contra las ayudas del FASEE al sector aéreo español, señalándolas de proporcionadas y ajustadas a la normativa europea.Soluciones de urgenciaCuando la Comisión Europea bendijo en diciembre de 2020 el apoyo de Grecia a su aerolínea local Aegean, con 120 millones, la vicepresidenta Margrethe Vestager, a cargo de la política de competencia, reconoció que “la industria de la aviación es uno de los sectores que ha sido particularmente afectado por el brote de coronavirus”: “Seguimos trabajando con los Estados miembros para encontrar soluciones viables para apoyar a las empresas en estos tiempos difíciles, en línea con las normas de la UE”. Fue uno de los últimos rescates del año fatídico de la pandemia, después de darse el visto bueno al respaldo con dinero público a Lufthansa, Air France, KLM, Finnair, Brussels o TAP. Entre finales de 2020 y todo 2021 el sector aéreo español tuvo acceso a 890 millones de euros del FASEE, con Air Europa, Air Nostrum, Volotea o Plus Ultra entre las rescatadas. Los ingresos del sector cayeron más del 60% en 2020 respecto a 2019.Plus Ultra tiene pagados 12 millones en intereses por los dos créditos firmados con el FASEE; ha conseguido el citado aplazamiento para el pago del ordinario de 19 millones por la actual crisis del precio del queroseno: y negocia un nuevo plan de viabilidad con la SEPI para la devolución de los fondos públicos. La aprobación de su expediente de rescate superó premisas como estar domiciliada en España y tener aquí sus principales centros de trabajo; no haber llegado quebrada a la crisis; justificar que su cese tendría un impacto negativo en la actividad económica, según informes de DC Advisory, la AESA y DGAC; y demostrar que era capaz de reintegrar el dinero a las arcas públicas a medio plazo gracias al plan de viabilidad.Solo un punto, pero de los importantes, generó dudas en el paso de cada uno de los filtros: no ser una empresa en crisis a 31 de diciembre de 2019. Pese a las pérdidas acumuladas desde su puesta en marcha en 2016, la aerolínea llegó a la pandemia con un patrimonio neto superior a la mitad del capital social suscrito (63%) si se contaba un préstamo participativo de 6,3 millones. También pudo demostrar estar al día con la Seguridad Social después de lograr un aplazamiento del pago de las cuotas, de los que la Tesorería General otorgó 137.000 solo en 2020, duplicando la cifra de 2019. El PP ha llamado al Senado al exministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones (2020-2023), José Luis Escrivá, para interrogarle sobre los términos en que se produjo el aplazamiento de deuda y si Rodríguez Zapatero tuvo algo que ver; ya que la Audiencia Nacional ha señalado que existió una reunión entre ambos.Cerco al expresidenteLa investigación sobre Zapatero centra el disparo en el polémico rescate. Casi 14 páginas de la resolución dictada por el juez José Luis Calama para imputarlo se enfocan en la supuesta “influencia” desplegada para la concesión de la ayuda pública a la aerolínea. Una tesis que se nutre de dos informes de casi 300 páginas elaborados por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía, que ponen el foco en las relaciones de la cúpula de la compañía con el entorno del ex jefe del Ejecutivo —con el nombre de Julio Martínez Martínez, administrador de Análisis Relevante, a la cabeza—.Pese a que no se describe ninguna acción concreta ejecutada por Zapatero y la hipótesis contra él se sustenta a través de referencias de terceros, el magistrado y la UDEF tratan de describir una serie de maniobras urdidas en la cúpula de la compañía aérea —justo cuando estalla la pandemia y se activa el plan de ayudas— para abrir vías (una, a través del expresidente) que permitieran penetrar en la Administración. Aunque hubiese que pagar por ello.Las comunicaciones intervenidas alimentan las sospechas. Rodolfo Reyes, dueño de la compañía en ese momento, buscaba desesperado en marzo de 2020 cómo acceder al dinero público. “Necesitamos llegar a las ayudas [...] A ver qué se te ocurre a nivel político. Dónde tocar puertas”, escribió a un colaborador, según el juez. “¿Tú crees que podamos pedir ayuda a Zapatero…?”, le dijo a otro. Julio Martínez Sola, entonces vicepresidente de Plus Ultra y actual presidente, respaldó supuestamente todos esos oscuros movimientos con una contundente frase: “Como dice un amigo, vamos a follar aunque tengamos que pagar un poquitín”. En abril, Martínez Sola conversó con “ZP” durante 11 minutos, según subraya Calama, en base a otro mensaje interceptado a Reyes. Sola ya era un viejo conocido en el sector aéreo y en círculos económicos: estuvo detrás de la forja de Air Madrid, quebrada de forma inesperada justo antes de la Navidad de 2006 a 2007. Según el instructor, el interés por acercarse a la cúpula del Gobierno fue tan grande que Plus Ultra no se limitó a tratar de abrirse camino a través del exjefe del Ejecutivo, sino que lo intentó igualmente con el entorno de José Luis Ábalos, ministro de Transportes durante la crisis sanitaria: “Rodo [por Rodolfo Reyes], hemos hecho un approach [acercamiento] a la mano derecha del ministro”, le comentó entonces al propietario de la empresa un interlocutor de confianza. Sin embargo, el propio juez indica que esa vía no fructificó. Pero los investigadores creen que la vía Zapatero sí salió adelante. Y, al encajar las piezas del puzle, las fechas son clave para ellos. Por ejemplo: “Un día después de la creación del FASEE, el 4 de julio de 2020, se produce una conversación entre Rodolfo Reyes y Julio Martínez Sola, donde este último le informa que la red de influencia liderada por José Luis Rodríguez Zapatero, a la que los investigados definen como ‘Grupo Zapatero’, ya estaría trabajando”, resalta el magistrado Calama. O por ejemplo: si el BOE publica el 24 de julio de 2020 la orden que detalla el funcionamiento del FASEE, Plus Ultra sella seis días después un contrato de prestación de servicios con Julio Martínez Martínez, amigo del exlíder del PSOE y administrador de la sociedad Análisis Relevante, a quien en Plus Ultra bautizan como el “lacayo”. Según la instrucción, él sería el interlocutor de un Zapatero en la sombra y la pantalla para recibir los pagos. La UDEF cree que la cúpula de Plus Ultra extendió sus tentáculos a través de Julio Martínez Martínez, que recibe en febrero de 2021 el siguiente mensaje de Roberto Roselli, alto directivo de la empresa aérea, unos días antes de la concesión del rescate en marzo: “Ahí sí sería bueno vuestra presión”. Según los agentes, con “ahí” se refiere a la SEPI. La Policía, incluso, señala que un mensaje interceptado a Rodolfo Reyes (que dice “10k done” y que fue escrito en agosto de 2021) “confirma un pago por importe de 10.000 euros” a un alto cargo del Fondo. A este respecto, fuentes de La Moncloa inciden en que el préstamo concedido a la aerolínea se le dio meses antes de que se nombrase a esa persona, que “no trabajaba antes en SEPI y, por lo tanto, no tuvo ninguna intervención” en la concesión de la ayuda.El juez considera que cuenta con suficientes indicios para investigar un posible delito de tráfico de influencias. El Código Penal no solo castiga a los funcionarios, autoridades o particulares que, “prevaliéndose de su cargo” y “jerarquía” (en el caso de autoridades y funcionarios) o de su “relación personal”, influyan o traten de influir en un funcionario o autoridad para “conseguir una resolución que le pueda generar directa o indirectamente un beneficio económico para sí o para un tercero”. Sino también a aquellos que se “ofrezcan” a realizar la conducta anterior a cambio de “dádivas, presentes o cualquier otra remuneración”, o acepten un “ofrecimiento o promesa”. El próximo 2 de junio, sentado ante el magistrado, Zapatero tendrá la oportunidad de explicarse.