En los albores del siglo XXI, apostar por la transición ecológica tenía dos connotaciones. Una respondía a una profunda convicción ideológica; la otra, al menos en España, a los cantos de sirena de unas generosas ayudas públicas ligadas a unas energías renovables que entonces eran incapaces de superar las exigencias de rentabilidad de cualquier análisis financiero.Dos décadas después, el debate está superado.Los avances tecnológicos han convertido las energías renovables en las más baratas, flexibles y rápidas de desplegar. La inversión en ellas ha pasado de unos 20.000 millones anuales en todo el planeta hace 20 años a los más de 5 billones que actualmente se invierten en el mundo, según las cifras que manejan en el sector de los fondos de inversión, que son los llamados a ser los principales protagonistas de la era de inversiones en tecnologías verdes en las que está inmerso el planeta, con España como uno de los destinos preferidos, una vez más.El porcentaje de inversión que el capital privado debe aportar para alcanzar los objetivos de descarbonización marcados en el Pniec hasta 2030 es del 85%Lo fue ya a comienzos de los 2000, cuando los gobiernos de José María Aznar y José Luis Rodríguez Zapatero entendieron que las renovables representaban una apuesta estratégica y que el sol y el viento españoles podían ofrecer mucho más que atractivo turístico. Aquellas primeras normativas sentaron las bases de una industria por la que ningún gran capital habría apostado sin respaldo público.Qualitas Energy, 20 años de luces largasPocos fondos de inversión pueden presumir de haber sobrevivido a las diferentes etapas de la inversión en renovables en España. Uno de ellos es Qualitas Energy, que celebra este año 20 años de trayectoria que sus fundadores explican por su clara visión de que la descarbonización es un fenómeno que se impondrá más allá modas o cambios legislativos. También por su peculiar estrategia en estas dos décadas de centrarse no solo en financiar proyectos, sino también de desarrollar proyectos industriales en toda la cadena de producción de las renovables. Tras levantar más de 140.000 millones de euros en estos veinte años, sus fundadores, el mismo equipo que todavía está al frente de esta plataforma, han anunciado una potente nueva apuesta de 10.000 millones destinada al impulso de gases renovables y almacenamiento, especialmente, en baterías.Especialmente decisivas fueron las primas a la energía solar impulsadas durante el mandato de Zapatero. En algunos casos llegaron a garantizar rentabilidades cercanas al 20% y periodos de amortización inferiores a una década. El atractivo fue tal que España se convirtió en un imán para miles de millones de euros de capital extranjero. Solo en 2008 se instalaron más de 2.500 megavatios fotovoltaicos, según los datos de Red Eléctrica, multiplicando por cuatro lo instalado el año anterior y colocando al país a la cabeza del desarrollo mundial del sector.El liderazgo duró poco. La crisis financiera que estalló aquel año y los posteriores recortes acabaron abruptamente con el ensueño. El Gobierno de Mariano Rajoy barrió aquellas primas y aprobó el conocido como “impuesto al sol”, y en 2015 un gravamen que castigaba el autoconsumo cercenó de cuajo la lluvia de inversiones. Todavía hoy el Estado español sigue afrontando reclamaciones millonarias de fondos internacionales que exigen compensaciones por aquel giro regulatorio. Detrás de muchas de ellas se encuentran las apuestas más especulativas de aquellos años.Ahora, el escenario es radicalmente distinto. Las ayudas públicas continúan impulsando las renovables, pero el objetivo ya no es únicamente medioambiental. La guerra de Ucrania y las tensiones geopolíticas en Oriente Medio han convertido la autosuficiencia energética en una cuestión estratégica para toda Europa y para España, que ve cómo sus renovables la colocan en una posición privilegiadaEn 2015 se aprobó el llamado “impuesto al sol” que paralizó la inversión en renovables en España. Fue el año fatídico para la apuesta por las renovables en EspañaDesde Bruselas se ha diseñado una hoja de ruta para impulsar con más o menos entusiasmo estas inversiones. España parte con ventaja también en cuanto a ese entusiasmo. Desde 2018, con la derogación del impuesto al sol y la contundente apuesta por las energías renovables del Gobierno de Pedro Sánchez se disiparon poco a poco los miedos regulatorios y el país volvió a atraer capital internacional. La combinación de abundante recurso solar, capacidad eólica, interconexiones en desarrollo y estabilidad regulatoria han colocado a España, de nuevo en el foco inversor.Pero ahora ya no son las empresas energéticas y los bancos quienes se suman al impulso de las ayudas públicas. El nuevo Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (Pniec) establece que España necesitará movilizar cerca de 308.000 millones de euros hasta 2030 para cumplir sus objetivos de descarbonización: alcanzar un 81% de generación eléctrica renovable y reducir un 51% la dependencia energética exterior. El 85% de esa inversión deberá proceder del sector privado. La consultora McKinsey estima que España tendrá que dedicar el 6,2% de su PIB anual hasta 2050 en inversiones verdes, lo que en términos acumulados supone casi 2 veces el PIB de 2022, y hacerlo al menor coste financiero posible.Ingentes cantidades de inversión y requisitos ante los que los fondos de inversión, sobre todo los especializados en infraestructuras, tienen un papel estratégico. Muchas de las líneas de ayudas activadas por el Estado están pensadas para ellos.Tecnologías ya maduras como son la eólica o la fotovoltaica con contratos estables y rentabilidades garantizadas son objeto de atracción de para esas inversiones. Pero se necesita más. El mercado actual en España ya no demanda producir kilovatios como había ocurrido hasta ahora. Ahora la apuesta se centra en almacenamiento y baterías que puedan canalizar con eficiencia esa capacidad instalada y en los gases renovables como en biometano capaces de acelerar la descarbonización.y a más a largo plazo el hidrógeno verde compiten ahora por ofrecer las promesas de rentabilidad más atractivas.Licenciada en Periodismo. Master en Información Económica. Ha trabajado como directora en Capital y BolsaCinco. Redactora en Público, El País, El Economista. Jefa de Comunicación en Airef. En La Vanguardia desde 2018