WASHINGTON (AP) — El legislador regresó a casa el 4 de julio pasado y se encontró con historias alarmantes en el sur de California, donde patrullas de inmigración recorrieron varias comunidades y un votante le contó que había empezado a llevar consigo su pasaporte para demostrar que tenía derecho a estar en el país.El representante Mark Takano, cuyos padres —nacidos en Estados Unidos— fueron encarcelados cuando eran niños junto con sus familias durante la reubicación forzosa de estadounidenses de origen o ascendencia japonesa durante la Segunda Guerra Mundial, no pudo evitar notar los paralelismos entre ese capítulo de la historia de Estados Unidos y el actual.“Siento que hay una similitud en las circunstancias: mi padre, de 2 años, y mi madre, de 1 año, quienes fueron etiquetados como extranjeros enemigos y considerados un peligro para la seguridad nacional”, declaró a The Associated Press en una entrevista.“Los metieron en esos campos de internamiento”, añadió. “Este gobierno ha esgrimido argumentos similares: que los inmigrantes representan un grave peligro para nuestro país, y que es por la seguridad de nuestro país que hacemos esto”.
Ecos de la historia en las redadas migratorias de TrumpLa promesa de campaña del presidente Donald Trump de llevar a cabo la mayor operación de deportación masiva en la historia de Estados Unidos se encuentra en un punto de inflexión. Los estadounidenses presencian cómo es hacer redadas, recluir y deportar a miles de personas de personas, especialmente tras las muertes este año de Renee Good y Alex Pretti, ciudadanos estadounidenses que protestaban contra esas acciones en Minneapolis.La Casa Blanca cambió la dirección del Departamento de Seguridad Nacional al replantear su estrategia. Markwayne Mullin, el nuevo secretario, prometió mantener al departamento alejado de los titulares noticiosos.Pero Trump también está bajo una creciente presión de grupos conservadores para que no ceje en su objetivo de deportar a 1 millón de personas al año. Los aliados republicanos del presidente en el Congreso financian las acciones de inmigración y deportación con miles de millones de dólares en fondos especiales.
