El 15 de abril entró en vigor el plazo previsto para el reconocimiento y reparación de las víctimas de abusos sexuales en el ámbito de la Iglesia católica. Según es sabido, el procedimiento está acordado en un reciente Protocolo entre el Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, el Defensor del pueblo, la Conferencia Episcopal Española y la Conferencia Española de Religiosos. Este Protocolo es continuación, a su vez, de un Acuerdo para dar cumplimiento a las recomendaciones del Defensor del Pueblo sobre reparación de las víctimas de abusos que han prescrito o sobre los que se ha extinguido la acción penal.
El camino para llegar a este procedimiento no ha sido fácil. Ha necesitado múltiples conversaciones y el intercambio de fórmulas diversas entre las partes. A cambio, la existencia de un acuerdo final basado en el diálogo hace pensar que nos encontramos ante una vía sólida para llegar a una solución adecuada sobre los problemas pendientes en este ámbito. En mi opinión, el Acuerdo merece una estimación positiva, porque encierra varias claves que le conceden un valor especial.
