La Unidad de Víctimas de abusos de la Iglesia del Defensor el Pueblo está analizando 317 expedientes, de las 377 solicitudes remitidas por el Ministerio de la Presidencia, según ha informado la oficina del Defensor. El análisis se hace con motivo de la reunión que han mantenido este lunes los 15 miembros de esta unidad.PublicidadSegún el protocolo firmado el pasado 30 de marzo por la Iglesia, el Gobierno y el Defensor del Pueblo, esta Unidad de Víctimas se encarga de evaluar individualmente cada de una de las solicitudes. Además, elabora una propuesta con el objetivo del reconocimiento de las víctimas de abusos y su reparación.Este mecanismo, que entró en funcionamiento el 15 de abril de 2026, establece esta vía de reparación para quienes no pueden acudir a los tribunales por prescripción del delito o fallecimiento del victimario. El proceso se inicia ante el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes que tramita las solicitudes.La Oficina del Defensor ha informado en comunicado de prensa sobre la reunión mantenida la tarde de este lunes y ha explicado que "la Unidad de Víctimas del Defensor del Pueblo ya analiza 317 expedientes desde que se constituyó, el pasado 15 de abril. En este tiempo han sido puestas a disposición de esta Unidad, por parte del Ministerio de Presidencia, 377 solicitudes que, por ahora, han dado lugar a los expedientes señalados".El protocolo establece también que, una vez que esta unidad de víctimas evalúe los casos, la Conferencia Episcopal (CEE) y la Confederación de Religiosos (CONFER) emitirán, a través de su comisión asesora (Priva), un informe preceptivo motivado de cada uno de ellos.PublicidadSi no hubiera acuerdo en alguno de los casos, una comisión mixta de la que forman parte todos los involucrados intentarán alcanzar una solución. En última instancia, el Defensor del Pueblo tiene la última palabra.La reparación puede ser simbólica, restaurativa, espiritual y/o económica. Las compensaciones económicas, sin baremos fijados en el texto, serán asumidas por la Iglesia.El sistema tiene una vigencia de un año, prorrogable a un segundo, y es complementario al Plan de Reparación Integral a las Víctimas de Abuso (PRIVA) puesto en marcha por la Iglesia en 2024.Los profesionales de la Unidad de VíctimasEl comunicado detalla la composición de la Unidad de Víctimas, integrada por profesionales y expertos en victimología, psicología, criminología y en diversas disciplinas jurídicas:Xabier Arzoz Santisteban, catedrático de Derecho Administrativo de la UNED.María Avilés Navarro, letrada de la Administración de Justicia y asesora en el Defensor del Pueblo.María Avilés Navarro, letrada de la Administración de Justicia y asesora en el Defensor del Pueblo.Olga Belmonte García, doctora en Filosofía por la Universidad Pontificia Comillas de Madrid, (miembro del Proyecto REPARA del Arzobispado de Madrid).Carlos Calderón Modrego, abogado y psicólogo especializado en violencia sexual.Antonio Fernández Barba, coordinador de la Unidad de Víctimas de abusos sexuales en el ámbito de la Iglesia católica.Karina Mikkelsen Geldres, administrativa de la Unidad de Víctimas de abusos sexuales en el ámbito de la Iglesia católica.Antonio Mora Lladó, jefe del Servicio de Estudios y Documentación en el Defensor del Pueblo y director de la Unidad de Víctimas de abusos sexuales en el ámbito de la Iglesia católica.José Manuel Muñoz, psicólogo forense y criminólogo.Noemí Pereda Beltrán, doctora en Psicología y catedrática de Victimología en la Universidad de Barcelona.María Jesús Raimundo Rodríguez, fiscal adscrita de la Unidad de Delitos de Odio y Discriminación de la Fiscalía General del Estado.Alejandro Saiz Arnaiz, catedrático de Derecho Constitucional en la Universitat Pompeu Fabra.Gustavo Suárez Pertierra, catedrático emérito de Derecho Eclesiástico del Estado.José María Trillo-Figueroa, abogado y asesor en el Defensor del Pueblo.Josep María Tamarit Sumalla, catedrático de Derecho Penal en la Universitat Oberta de Catalunya y en la Universitat de Lleida.Gema Varona Martínez, profesora de Victimología y Política Criminal en la Universidad del País Vasco, directora del Instituto Vasco de Criminología y presidenta de la Sociedad Mundial de Victimología.