La crisis sanitaria provocada por la Covid-19 cerró España durante meses con fuertes medidas de limitación de la movilidad para contener la expansión del virus. El impacto sobre la economía no tenía precedentes en la historia reciente. El Gobierno salió al rescate con un antídoto multimillonario, apoyando mediante préstamos a empresas de carácter estratégico “para evitar que las dificultades transitorias que padecen acaben teniendo un impacto social y económico contrario al interés general”.
El 9 de marzo de 2021, casi un año después del decreto de alarma que paralizó España por la pandemia, Plus Ultra recibió dos préstamos por 53 millones de euros (uno ordinario de 19 millones y otro participativo de 34 millones). Era la única solución para evitar su quiebra por inactividad y el Consejo de Ministros, a propuesta del Consejo Gestor del Fondo de apoyo a la solvencia de empresas estratégicas, aprobó esta ayuda.
Los recursos públicos reservados para ese fin –10.000 millones de euros– dependían del Consejo Gestor, cuyo máximo responsable fue Bartolomé Lora, un técnico ascendido en 2017 por Cristóbal Montoro (PP) a vicepresidente de la SEPI y mantenido en ese puesto por el Gobierno de Pedro Sánchez. Otro técnico con una antigüedad parecida, José Ángel Partearroyo, director de Participadas de la SEPI, intervino activamente en el control del proceso para la adjudicación de ayudas.
