Las facturas eléctricas obligan a muchos ayuntamientos a revisar hasta el suelo que pisan los vecinos. Las ciudades buscan calles con menos humo, menos calor retenido y materiales que duren más tiempo sin disparar el gasto público. Esa presión aparece mientras el calentamiento global multiplica las olas de calor, eleva el consumo energético y obliga a cambiar elementos que durante décadas parecían intocables, como el asfalto, las aceras o los sistemas de drenaje.
Los gobiernos municipales intentan reducir las emisiones que generan las obras porque cada reforma añade cemento, transporte pesado y maquinaria que liberan grandes cantidades de dióxido de carbono. También crece la exigencia vecinal para tener barrios con más sombra, menos tráfico agresivo y espacios donde caminar resulte más cómodo durante el verano.
Algunas ciudades ya prueban materiales fabricados con residuos agrícolas o restos industriales para reducir parte de esa contaminación y aprovechar productos que antes acababan desechados. El debate ya no gira solo alrededor del diseño de las ciudades, sino que también alcanza la procedencia de cada material utilizado en la calle.
Barcelona eligió dos asfaltos con menos dióxido de carbono
