Al granoEl Ministerio Público tiene en sus manos que vivamos en una sociedad razonablemente ordenada, segura y en paz.
El orden, la seguridad y la paz no son concesiones espontáneas de la historia; son los cimientos sobre los cuales se edifica cualquier posibilidad de convivencia civilizada. Para que una sociedad florezca, estos valores exigen que las leyes del Estado operen con una certeza implacable: quien quiebre la seguridad o rompa la paz debe asumir un costo elevado por su audacia. La ley penal, mirada desde una perspectiva pragmática, funciona como una suerte de tabla de precios institucionales. El infractor debe saber, de antemano, que la factura por sus acciones se pagará en moneda de multas, inhabilitaciones o con la pérdida misma de la libertad en prisión.
Esta lógica adquiere una gravedad aún mayor cuando hablamos de la gestión pública. Ningún gobierno puede reclamar la credibilidad necesaria para guiar a una nación si sus actos carecen de probidad y transparencia. En el ecosistema del desarrollo, la corrupción es un veneno fulminante. Por ello, la regla debe ser simétrica: tanto al funcionario que traiciona su mandato con deshonestidad, como al actor privado que concurre a la componenda corrupta, delinquir tiene que costarles muy caro.
