Estados Unidos ha dado un nuevo paso en su lucha contra el narcotráfico en México. La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), del Departamento del Tesoro, ha impuesto sanciones financieras a una docena de personas y a empresas vinculadas, acusadas de legitimar ganancias del Cartel de Sinaloa a través de dos redes de operación que abarcan desde restaurantes hasta criptomonedas. Las sanciones añaden presión a la relación entre los dos principales socios comerciales de la región, en medio de acusaciones desde Washington sobre la penetración del narcotráfico en la política mexicana, tras la acusación penal contra el gobernador -hoy con licencia- de Sinaloa, Rubén Rocha Moya.En su comunicado, la OFAC identifica como líder de una de las operaciones en Sinaloa a Armando de Jesús Ojeda Avilés, presunto afiliado a la facción de Los Chapitos, hijos del encarcelado Joaquín El Chapo Guzmán, quien cumple condena en Estados Unidos. Según la información difundida este miércoles, Ojeda habría coordinado la recolección de grandes cantidades de efectivo en Estados Unidos, producto de la venta de fentanilo y otras drogas ilícitas, para posteriormente facilitar su conversión en criptomonedas y transferirlas al Cartel de Sinaloa. En relación, la unidad también designó a la empresa de seguridad mexicana Grupo Especial Mamba Negra y al restaurante Gorditas Chiwas, ubicado en Chihuahua, por ser propiedad de supuestos testaferros de la operación. Jesús González Peñuelas es el líder del segundo entramado acusado de mover grandes cantidades de efectivo y utilizar negocios en México para blanquear capitales. Ha sido además señalado como presunto responsable de producción y distribución de drogas ilegales, previamente acusado en tribunales de California y Colorado. Las autoridades ofrecen una recompensa de cinco millones de dólares por su captura.“Estas sanciones se coordinaron además con la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) del Gobierno de México”, indicó la dependencia en su nota de prensa. Como resultado, todos los bienes y activos de las personas y empresas designadas que se encuentren en Estados Unidos deben ser reportados a la OFAC. Asimismo, quedan prohibidas todas las transacciones realizadas por ciudadanos estadounidenses —o dentro del territorio de Estados Unidos— que involucren bienes o intereses de las personas sancionadas. De forma indirecta, el alcance de estas medidas se extiende a México, dado que el sistema financiero local mantiene amplios vínculos de corresponsalía con el estadounidense.