Asier MartiarenaMadrid 20/05/2026 17:55 Actualizado a 20/05/2026 18:33 El Gobierno y la Generalitat han dado este miércoles un nuevo paso en la arquitectura del autogobierno catalán. Después de que el president Salvador Illa y el líder de ERC, Oriol Junqueras, sellaran ayer un acuerdo clave para encarrilar los presupuestos catalanes, la maquinaria institucional ha respondido con una rapidez poco habitual al celebrar una nueva reunión de la comisión bilateral Estado-Generalitat para apuntalar el despliegue competencial de la Generalitat, reforzar la gestión compartida de infraestructuras y dar cobertura política y económica al pacto entre socialistas y republicanos.La reunión, celebrada el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática y encabezada por el conseller de Presidència, Albert Dalmau, y el ministro Ángel Víctor Torres, ha adquirido formato de triple cumbre institucional. Al coincidir simultáneamente con la Comisión Mixta de Transferencias y la Comisión Mixta de Asuntos Económicos y Fiscales, los gabinetes han traducido los compromisos políticos de PSC y ERC en estructura administrativa, calendario y financiación.Entre todos los acuerdos destaca el desbloqueo definitivo de la financiación para ampliar la plantilla de los Mossos d'Esquadra hasta los 25.000 agentes en 2030 -la cifra actual ronda los 22.000-. De esta manera, el Estado transferirá anualmente los recursos necesarios con un coste inicial de 70.600 euros por agente, cifra que se actualizará conforme al IPC. La transferencia irá creciendo gradualmente hasta alcanzar a finales de 2030 la cifra pactada. Para el Govern, el acuerdo encierra un fuerte valor político porque garantiza financieramente un compromiso que había quedado pendiente desde la última bilateral y permite a ERC exhibir avances tangibles en materia de autogobierno y seguridad.La reunión también ha servido para desbloquear otra de las carpetas históricas: la gestión de las inversiones estatales en Catalunya con la creación de un consorcio paritario Estado-Generalitat. Quedará adscrito al Ministerio de Transportes y se complementará con una Sociedad Mercantil Estatal de Inversiones de Catalunya, participada por ambas administraciones, que tendrá capacidad para ejecutar estudios, proyectos y obras con “mayor flexibilidad operativa”.El acuerdo busca responder, entre otros, al persistente malestar por el déficit de ejecución inversora del Estado en Catalunya, especialmente visible en la red ferroviaria de Rodalies y en la saturación que registra la AP-7. En el ámbito ferroviario se incluye el impulso de la Línea Orbital Ferroviaria, concebida para romper el histórico diseño radial de la movilidad metropolitana catalana. Ambas administraciones se han comprometido a firmar este mismo año un protocolo que fijará fases, prioridades, calendario y financiación de un corredor transversal de 120 kilómetros y 40 estaciones que conectará ciudades como Vilanova i la Geltrú, Mataró, Granollers, Terrassa o Sabadell sin necesidad de pasar por Barcelona. Como primera fase funcional, se potenciará la actual R8 y sus conexiones con el resto de líneas de Rodalies y Ferrocarrils de la Generalitat.Otro de los movimientos de mayor carga simbólica ha sido el nuevo reparto del Consorci de la Zona Franca de Barcelona. El Estado conservará el 45% de participación, la Generalitat elevará su peso hasta el 40% y el Ayuntamiento de Barcelona mantendrá el 15%. Aunque la presidencia seguirá en manos del Consistorio, el Govern gana capacidad de influencia en uno de los principales instrumentos industriales y logísticos del área metropolitana.La jornada también ha dejado avances en materia lingüística acordándose extender progresivamente el uso del catalán en la Administración General del Estado, tanto en la formación de funcionarios como en recursos digitales y trámites electrónicos. Además, se ha activado por primera vez la subcomisión de Asuntos Europeos y Acción Exterior que la Generalitat considera estratégica para reforzar su presencia en Bruselas.En paralelo, se ha pactado impulsar la reforma del Reglamento General de Costas para adaptar la normativa al marco competencial previsto en el Estatut y reforzar el papel de la Generalitat en la gestión del litoral catalán, siguiendo el modelo aplicado en Euskadi y Galicia. La comisión bilateral ha acordado asimismo poner en marcha un proyecto piloto de Atención Ciudadana concebido como una ventanilla compartida entre administraciones para simplificar trámites. El proyecto arrancará con la gestión administrativa derivada del fallecimiento de un familiar, uno de los procedimientos que más gestiones simultáneas obliga a realizar.Consolidados estos acuerdos, el Govern logra traducir en compromisos concretos buena parte de las exigencias de ERC para los presupuestos, mientras el Ejecutivo central consolida una dinámica de cooperación con la Generalitat que Moncloa considera clave para la estabilidad parlamentaria.Redactor de la sección de política tras una década cubriendo la actualidad de Madrid entre 2011 y 2022. Antes en Microsoft News y el diario Metro