Un nombre empieza a ser habitual en todas las crónicas judiciales tras la imputación de José Luis Rodríguez Zapatero como presunto líder de una trama de tráfico de influencias. Más allá de los sospechosos, lo que aparece en casi todas las informaciones es el autor del escrito demoledor contra el expresidente: el juez José Luis Calama.Salmantino de 67 años, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 4 llegó a la Audiencia Nacional en 2018 procedente de un juzgado de instrucción de Madrid y desde el principio tuvo claro que no por entrar en lo que algunos se afanan en denominar la élite de la judicatura, con permiso del Tribunal Supremo, iba a ser conocido más allá de sus autos. Dicho y hecho. Su labor se demuestra a través de sus escritos, en los que siempre queda reflejada su mano concienzuda para instruir las causas, que no dilata más allá de lo necesario. Y eso que le han tocado algunos casos bastante mediáticos, como fue, al poco de llegar, el de la resolución del Banco Popular, en el que no dudó en procesar al expresidente de la entidad Ángel Ron y a otros 12 exdirectivos.La casualidad ha hecho que se haya especializado en causas económicas durante su labor en la Audiencia Nacional en estos ocho años, pues ha instruido casos de grandes estafas. Pero también ha investigado otras como el presunto espionaje con Pegasus a ministros del Gobierno de Pedro Sánchez, incluido a propio presidente, o el apagón de 2025, en la que a los pocos días indagó en un posible sabotaje, opción que más tarde se descartó.También recientemente se encargó de la macrocausa por la presunta estafa de CryptoSpain, de la que luego derivó la causa abierta al eurodiputado Alvise Pérez por haber aceptado para su campaña electoral 10.000 euros del principal imputado Álvaro Romillo. Fue el propio Calama quien pidió al Tribunal Supremo investigar a Alvise por ello.La trayectoria de Calama demuestra que se ciñe a los hechos y a las pruebas y que le es indiferente quién esté implicado. Así lo demostró este martes, cuando no le tembló el pulso para imputar a todo un expresidente del Gobierno y cuando hace años, cuando era juez instructor en Madrid, archivó la causa abierta contra el marido de la que fuera alcaldesa de la capital Manuela Carmena por un delito contra el derecho de los trabajadores.