Las comunidades energéticas crecen con menos fuerza en España y no terminan de despegar. En 2025, uno de cada diez municipios ya contaba con uno de estos proyectos de autoconsumo colectivo de energía. Así, el año pasado se crearon 182 iniciativas —que permiten que los ciudadanos produzcan, consuman, almacenen, compartan y vendan energía renovable colectivamente— hasta alcanzar las 837, según el Informe de indicadores 2025 del Observatorio de Comunidades Energéticas impulsado por Ecodes, Redeia y el Ministerio de Transición Ecológica (Miteco) y presentado este miércoles. El dato supone un crecimiento del 27% respecto al año anterior, el más moderado desde 2022. Sobre el global de las constituidas, apenas un 27% se ha puesto en funcionamiento. El resto están en fase de desarrollo, tramitación o despliegue.Los autores del estudio afirman que el hecho de que la mayoría de las comunidades energéticas no estén operativas indica que este fenómeno “sigue encontrándose en una fase de consolidación inicial”. En este mismo punto ha coincidido Paula Santos, directora de Comunidades Energéticas de la Unión Española Fotovoltaica (UNEF), que durante la presentación ha afirmado que “los números son muy positivos, pero que solo el 26,6% de ellas cuenta con instalaciones en funcionamiento, un dato que se debe mejorar”. Para avanzar en este sentido, ha pedido mayor colaboración de la administración pública, especialmente de los ayuntamientos, y “mejorar la colaboración con las compañías distribuidoras de electricidad”.Otro elemento clave que destaca el informe son las diferencias territoriales en la implantación de estas comunidades energéticas. Canarias es la autonomía que más destaca, ya que el 45,5% de sus entidades locales cuenta con una de estas iniciativas, seguida del País Vasco (39,7%) y Navarra (27,2%). Por el otro lado, además de las ciudades autónomas, que no cuentan con ninguna iniciativa de este estilo, Cantabria y La Rioja cuentan con los porcentajes más reducidos, un 2% y un 2,3%, respectivamente.Un buen indicador del impacto de este fenómeno en España es el número de proyectos por cada 100.000 habitantes. En 2025 se situó en 1,77, dato que ha aumentado respecto a 2024 (1,43). Además, el informe señala que el 70,8% de estas iniciativas cuenta con menos de 50 participantes. Para tratar de mejorar estos datos Carlos Pesqué, director del área de Energía y Personas de Ecodes, ha señalado que se debe “aspirar a proyectos con más participantes, siguiendo el modelo de otros países en Europa”, lo que también, ha asegurado, podría animar a que más ciudadanos participen del autoconsumo colectivo.Sara de la Serna, miembro del departamento de gestión de la demanda e integración de renovables del IDAE, ha asegurado durante la presentación del estudio que las comunidades energéticas “son claves porque también aportan valor social”. Siete de cada diez proyectos de autoconsumo colectivo “abordan o tienen previsto abordar algún aspecto social”, según el estudio. De ellos, la mitad tiene como objetivo luchar contra la pobreza energética, mientras que un 27% tienen como meta fomentar el desarrollo de las zonas rurales en España.Principales barrerasEl estudio afirma que aún existen numerosas barreras tanto jurídicas como financieras para impulsar estas instalaciones de autoconsumo, por lo que “no debe interpretarse todavía como una implantación plenamente generalizada” de este fenómeno en España. Desde el punto de vista de la legislación, el informe señala que la principal limitación para que el aumento de estos proyectos sea aún mayor es el marco jurídico “incompleto y con instrumentos de impulso que no siempre han incorporado con claridad la dimensión social”, algo que se ha traducido en falta de seguridad jurídica. El estudio también critica la falta de “definición de mecanismos adecuados para identificar e incorporar a hogares vulnerables” en las comunidades energéticas. Boj ha destacado que “no ha habido novedades sobre un marco estatal que regule estos proyectos”, aludiendo a la no convalidación del Congreso de los Diputados de la normativa que permitía ampliar el radio de autoconsumo a través de red para determinadas instalaciones fotovoltaicas de hasta 5 MW ubicadas en tejados. Santos, de la UNEF, ha pedido la “creación de un registro de estas iniciativas” para facilitar la puesta en marcha de ayudas públicas que fomenten la constitución de estas iniciativas.En el ámbito económico, el informe denuncia que existen barreras de entrada que no permiten que las familias más vulnerables se puedan beneficiar de las comunidades energéticas. El estudio destaca que “sin mecanismos correctores” no se podrán reducir limitaciones como las cuotas de entrada o anticipar inversiones, lo que puede provocar que estas iniciativas “beneficien principalmente a quienes ya disponen de mejores condiciones para participar”. Además, las ayudas públicas para constituirlos apenas han variado desde 2024, ya que el 40% de estos proyectos no han contado con subvenciones económicas. A pesar de estas limitaciones, los autores destacan que si se superan estos obstáculos, se pueden generar beneficios como “reducir costes energéticos” o que personas “tradicionalmente situadas en la periferia del sistema energético dejen de ser receptoras pasivas de ayudas y pasen a formar parte de un modelo más participativo y democrático”. En la presentación, se ha puesto de ejemplo a proyectos de autoconsumo colectivo de energía como La Tonenca (Barcelona), Oliver Comunidad Energética (Zaragoza) o Balenya Sostenible (Barcelona).