La subida del petróleo la paga toda la sociedad, aunque no siempre aparezca en el surtidor. Es el aviso que ha lanzado este miércoles el Fondo Monetario Internacional (FMI) en su última actualización sobre la crisis energética derivada del cierre del golfo Pérsico, por donde pasa una quinta parte del petróleo consumido en el mundo. En línea con la advertencia realizada a mediados de abril, el FMI argumenta que subsidiar los combustibles, como ha hecho el Gobierno español, debe ser visto como un último recurso porque puede acabar encareciendo aún más la energía. Al final, añade el Fondo, esta herramienta fiscal mantiene alta la demanda de carburantes pese a la escasez y así encarece el suministro y aumenta la presión sobre el conjunto de la economía.“La política fiscal puede desempeñar un papel, pero sus medidas deben ser temporales, específicas, oportunas y adaptadas a cada caso”, señala el FMI. El informe no menciona países concretos, pero los ejemplos abundan. España es uno de ellos: el Ejecutivo ha renunciado a más de 1.000 millones de euros de recaudación entre abril y junio con la rebaja del IVA de los carburantes (del 21% al 10%) y del impuesto especial sobre hidrocarburos, en una medida aprobada el 22 de marzo para abaratar los combustibles. Su efecto fue limitado y, tras tres semanas, el alivio fiscal ya apenas se notaba en el gasóleo. Además, a principios de abril la Comisión Europea advirtió al Gobierno español de que la rebaja del IVA vulneraba las normas europeas, que no permiten aplicar ese tipo de reducciones fiscales a los carburantes. Bruselas, en cambio, no puso reparos al recorte del impuesto especial. Este episodio ilustra, como precisa el fondo, que “las medidas mal diseñadas pueden resultar costosas para las cuentas públicas y difíciles de retirar”. “También pueden alimentar más inflación, agravar las fragilidades fiscales o elevar aún más los precios mundiales de la energía”, añade.Los subsidios a la energía no solo distorsionan los precios a costa del contribuyente —al final, cualquier ayuda gubernamental la paga toda la sociedad—, sino que además benefician de forma desproporcionada a los más ricos. Estas ayudas, así como otras políticas intervencionistas y generalizadas como el tope de precios, “suelen beneficiar más a los hogares de mayores ingresos y son difíciles de retirar”, porque son quienes más consumen y quienes más se acostumbran a ellas.Los casos que describe el FMI no se quedan en la teoría y ya se sienten en las calles de todo el mundo. En respuesta al cierre del Golfo, Indonesia ha ampliado sus tradicionales subsidios a la gasolina, una política ineficaz para aliviar la escalada de los precios y que, la última vez que el Gobierno intentó recortar, en 2022, desató protestas masivas y una crisis política. Argentina ofrece otro ejemplo clásico, incluso anterior a la guerra en Irán. Dos décadas de subsidios indiscriminados, incluso en la factura de luz, desde los años 2000 han contribuido al deterioro fiscal del país.Una medida de último recurso como los subsidios solo se justifica en condiciones extremas. En este caso, el FMI enumera varias, entre ellas que la subida de la energía se esté trasladando rápidamente al conjunto de la economía o que las cuentas públicas tengan margen para absorber el coste. “Estas condiciones son difíciles de evaluar en tiempo real y, en cualquier caso, los controles generalizados de precios tienen importantes efectos secundarios”, resume el organismo.Proteger a los vulnerablesEl Fondo reconoce que “no existe una receta única” para responder a la crisis energética, porque depende de las peculiaridades de cada país, como su dependencia de los combustibles fósiles o presupuesto gubernamental, dos variables que juegan en contra de Indonesia, por ejemplo. No obstante, el organismo internacional propone una guía habitual en momentos de crisis: las primeras ayudas deben ser destinadas a los más vulnerables.“Las familias más pobres suelen dedicar a la energía y los alimentos una proporción de sus ingresos dos o tres veces mayor que los hogares más ricos, y además cuentan con menos ahorros. Protegerlas es importante para preservar la cohesión social y evitar un aumento de la pobreza”, defiende el FMI. Para ello, sugiere a los Gobiernos ampliar las políticas de transferencias directas porque, como están ordenadas, “limitan el coste fiscal”.El apoyo temporal a la liquidez —como préstamos avalados por el Estado, líneas de crédito o aplazamientos a corto plazo de impuestos y cotizaciones sociales— debería ser la primera línea de respuesta. Estas herramientas son menos costosas para las cuentas públicas y más fáciles de retirar. Es preferible evitar las subvenciones directas o las inyecciones de capital, dado su elevado coste fiscal y la dificultad política de revertirlas.Los pequeños negocios también deben ser prioridad en la primera respuesta de los gobiernos a la crisis. Entre las herramientas recomendadas están préstamos, líneas de crédito o aplazamientos a corto plazo de impuestos. “Estas herramientas son menos costosas para las cuentas públicas y más fáciles de retirar. Es preferible evitar las subvenciones directas o las inyecciones de capital, dado su elevado coste fiscal y la dificultad política de revertirlas”, estima. Una respuesta a una crisis debe ser como ella, temporal.