Colombia está en plena temporada electoral. El 8 de marzo renovamos el Congreso para el período 2026-2030 y el 31 de mayo elegiremos —quizás en segunda vuelta el 21 de junio— a quién gobernará el país a partir del 7 de agosto. En medio de ese ruido (encuestas, consultas, alianzas), vale la pena detenerse en una conversación que no suele ganar titulares pero que define el futuro: ¿qué va a hacer el próximo Gobierno con la educación superior? La pregunta llega acompañada de una herramienta oportuna. La Unesco, a través de su instituto regional IESALC, publicó este año el primer Informe mundial sobre tendencias de la educación superior, con datos de 146 países. El informe parte de una idea: el sector está en una encrucijada, presionado por la disrupción digital, la inteligencia artificial, los cambios demográficos y un mercado laboral que se transforma sin pausa. Y recuerda algo que nos concierne directamente: faltan cinco años para el plazo del Objetivo de Desarrollo Sostenible 4, el de la educación de calidad para todos. Esos cinco años son, casi exactamente, el período del Gobierno y del Congreso que estamos eligiendo. La ventana para cumplir esa promesa dependerá de ellos.El informe de la Unesco es claro en una advertencia que Colombia debe tomarse en serio: ampliar la cobertura no basta. A nivel mundial, la matrícula casi se duplicó en veinte años, pero la graduación apenas se movió. De poco sirve que más jóvenes entren si la mitad se queda en el camino, si la calidad es desigual entre el centro y las regiones, o si el título no conversa con el mercado laboral. Expandir sin cerrar las brechas de permanencia, equidad y calidad no reduce la desigualdad: la reproduce dentro del sistema. ¿A qué, en concreto, le pedimos al nuevo Gobierno y al nuevo Congreso que se comprometan? El informe ofrece la lista: a que la permanencia y la graduación (no solo el cupo) sean responsabilidades centrales del sistema.A que la inclusión deje de ser un enunciado y llegue de verdad a la juventud rural, a los pueblos indígenas, a las personas con discapacidad y a los migrantes: Colombia, que acoge a la mayor población venezolana del continente y cuyo ‘Permiso por Protección Temporal’ el informe destaca como buena práctica, tiene aquí una ventaja moral que debe honrar. A que la transformación digital y la inteligencia artificial (IA) con visión ética y humanista entren a las aulas con reglas claras y con conectividad para todos, no solo para las capitales. A que la docencia se forme y dignifique socialmente, con estabilidad laboral y desarrollo profesional. A que se proteja la autonomía universitaria y la libertad académica, que el informe ve amenazadas en buena parte del mundo. A que el fomento para oferta y demanda sea equitativo para el sistema mixto de educación superior. Y a que el país construya, por fin, sistemas de información sólidos: no se puede gobernar lo que no se mide. Esto no es un lujo. Una sociedad que forma a sus jóvenes es una sociedad que apuesta por la movilidad social, por la productividad y por la convivencia: la educación, recuerda la Unesco, se levanta allí donde deben erigirse los baluartes de la paz. Por eso la invitación es directa, y es para los candidatos: díganle al país, antes del 31 de mayo, qué van a hacer con la educación superior. Y es para el nuevo Congreso: conviertan los avances en compromisos permanentes. El informe mundial ya nos entregó la hoja de ruta. Lo que falta es la decisión política de seguirla.