Audio generado con IA de Google
/
Se repite el ciclo de la democracia, en medio de profundas contradicciones, tensiones y un país más dividido de lo que quisiéramos. Otra vez llega la temporada de discursos sobre lo que debería ser, sobre los malos del pasado, sobre lo malo de los otros, sobre la mano dura, la inclusión y el futuro. Pero el cómo y el con quién siguen quedando pendientes.
En términos ambientales, para nadie es una sorpresa la ausencia casi total del tema en esta etapa electoral. Este gobierno logró abrirse espacios internacionales mostrando su intención de posicionar a Colombia como un actor visible en las discusiones globales sobre justicia clima, biodiversidad y transición energética. Sin embargo, en muchos territorios seguimos siendo incapaces de garantizar presencia estatal efectiva, protección de líderes ambientales, gestión real de los conflictos ecológicos y avanzar en la adaptación climática. El crimen organizado hizo que simultáneamente avanzaran la minería ilegal, la deforestación, la ocupación de áreas protegidas y la violencia contra quienes defienden los ecosistemas.
Hice parte de este gobierno en su primer año y doy fe de la pasión y el compromiso que movilizó a mucha gente en ese momento; pero el problema no es únicamente ambiental, es sobre todo institucional. La crisis ecológica del siglo XXI exige capacidades estatales mucho más sofisticadas de las que hemos logrado construir. Requiere coordinación nacional y territorial, concurrencia de recursos, capacidad de anticipación, sistemas de información robustos, gestión del riesgo y gobiernos capaces de sostener políticas de largo plazo más allá del ciclo electoral. Exige un liderazgo capaz de articular de manera clara las prioridades del Estado que hoy compiten ferozmente entre sí. Se necesita un buen director de orquesta que logre coordinar la agenda ambiental con las agendas de seguridad, de salud en territorios rurales, con la agenda fiscal, para dejar de percibirlos como un gasto y más como una inversión pública.
