El recupero de los fondos en las causas por lavado de activos representa uno de los mayores cuellos de botella para el Estado. La etapa de ejecución de penas en la megacausa conocida como la "Ruta del dinero K" dejó al descubierto un escenario de fuertes contrastes. En una misma sintonía, la Cámara de Casación Penal le ratificó una sanción por 109 millones de dólares a un ex contador del esquema, pero al mismo tiempo anuló el rechazo a un pedido de cuotas presentado por otro de los empresarios condenados. De un lado de la balanza judicial está Claudio Fernando Bustos, antiguo apoderado de Lázaro Báez en Austral Construcciones. La Sala IV del tribunal le ordenó abonar más de 109 millones de dólares, calculados al tipo de cambio oficial. Sin embargo, los números dictados en los tribunales chocan con su realidad patrimonial actual: los informes revelan que el ex contador reside en una casa con mantenimiento regular dentro de un barrio popular de Córdoba, sin acceso a red de cloacas, donde asiste a su madre de 96 años y a un hermano con discapacidad. Lázaro Báez junto a su hijo La defensa intentó amortiguar el impacto de la medida. Sus abogados cuestionaron que la multa se fijara en moneda extranjera y solicitaron que la conversión se realizara con la cotización vigente al momento de los hechos investigados, hace más de diez años. El juez Gustavo Hornos rechazó esa posibilidad y argumentó que la actualización al valor presente resulta necesaria para evitar que la sanción económica se deprecie.