La condena a seis años de prisión para Cristina Kirchner incluye la obligación de entregarle al Estado los recursos que le fueron sustraídos durante la comisión del delito de administración fraudulenta. El fallo de primera instancia en la llamada Causa Vialidad, el que la semana pasada la Corte Suprema dejó firme, estimó que el perjuicio a las arcas públicas había rondado los 500 millones dólares. Ahora la justicia actualizará ese monto y buscará recuperarlo entre los bienes de la expresidenta argentina y los demás condenados en la causa.
De acuerdo con el fallo judicial, bajo la presidencia de Kirchner (2007-2015) se concedieron en forma irregular 51 obras públicas viales a un empresario cercano a su familia, Lázaro Báez, en la provincia patagónica de Santa Cruz. El tribunal oral que juzgó el caso y dictó las condenas hace tres años calculó que “como producto de la colusión en la totalidad de los procesos licitatorios”, más “los sobreprecios con los que fueron adjudicadas las obras”, el perjuicio para las arcas estatales fue de 84,8 mil millones de pesos (unos 500 millones dólares a la cotización de diciembre de 2022).
Antes de realizar el decomiso, los jueces deben actualizar la cifra y deben resolver qué porcentaje tendrá que devolver cada uno de los nueve condenados. Además de Kirchner, quien fue inhabilitada de por vida para ejercer cargos públicos, en la Causa Vialidad fueron declarados culpables el empresario Báez; el exsecretario de Obras Públicas de la Nación José López; los directores de Vialidad Nacional Nelson Periotti, Mauricio Collareda y Raúl Daruich; y los exadministradores de Vialidad de Santa Cruz Juan Carlos Villafañe, Raúl Pavesi y José Santibáñez.
