Miembros del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, participan de una protesta por el asesinato de Juan López, ambientalista hondureño asesinado el 14 de septiembre de este año, frente a la Casa Presidencial este miércoles, en Tegucigalpa (Honduras). EFE/ Mauricio Ordoñez Castro
La violencia contra los defensores del ambiente en Honduras se ha convertido en una crisis sostenida que combina asesinatos, amenazas, criminalización y elevados niveles de impunidad, en un contexto donde la protección estatal sigue siendo insuficiente ante los riesgos que enfrentan quienes defienden el territorio y los recursos naturales.En la última década, organizaciones de derechos humanos y el propio Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH) han advertido que Honduras figura entre los países más peligrosos para el activismo ambiental. PUBLICIDADLa conflictividad se concentra principalmente en zonas como el Bajo Aguán, Yoro, Colón, Comayagua y Atlántida, donde convergen disputas por la tierra, proyectos agroindustriales, minería y tensiones comunitarias. Entre los casos más emblemáticos figuran el ambientalista y defensor del agua Juan López, asesinado en 2024. Este hecho generó una fuerte condena nacional e internacional y reactivó las alertas sobre la vulnerabilidad de los líderes ambientales en el país. PUBLICIDADSu muerte ocurrió a pesar de que, según el CONADEH, existían alertas tempranas que advertían sobre el riesgo que enfrentaba.Así mismo, se suma el asesinato de la líder ambiental y defensora indígena Berta Cáceres en 2016, considerado el crimen contra ambientalistas más mediático en la historia reciente de Honduras, y que expuso la participación de estructuras organizadas, así como la fragilidad de los mecanismos de protección estatal. PUBLICIDADSu caso continúa siendo un referente internacional sobre la violencia contra defensores del ambiente en Centroamérica.Se han registrado también otros asesinatos de alto impacto, como el del ambientalista Aly Domínguez, en el contexto de conflictos socioambientales en el norte del país, así como múltiples casos de líderes comunitarios en el Bajo Aguán, donde las disputas por la tierra han dejado una larga lista de víctimas vinculadas a la defensa de derechos ambientales y territoriales.PUBLICIDADLa violencia contra los defensores del ambiente en Honduras alcanza niveles críticos con elevada impunidad según el CONADEH.El CONADEH subraya que estos hechos no son aislados, sino parte de un patrón estructural de violencia recurrente en territorios donde existe presión sobre recursos naturales, ausencia de institucionalidad efectiva y respuesta limitada del sistema de justicia.En este escenario, la comisionada nacional de los derechos humanos, Blanca Izaguirre, urge al Estado a fortalecer los mecanismos de prevención y protección y señala: “Las alertas tempranas emitidas por la institución en varios casos no han sido atendidas con la debida prioridad, lo que ha derivado en desenlaces fatales”.PUBLICIDADFotografía de archivo, tomada en marzo de 2019, en la que se registró a un joven al limpiar un cartel con la fotografía de la ambientalista Berta Cáceres, asesinada el 2 de marzo de 2016, en La Esperanza (Honduras). EFE/Gustavo Amador
