La política de defensa de la administración de Javier Milei se mece entre la pompa de los ejercicios militares con los Estados Unidos y el brillo de los flamantes F-16, que el gobierno exhibe como trofeos de guerra, y la realidad llana y dura que marca la motosierra fiscal, con unas Fuerzas Armadas en una situación límite en términos operativos, una obra social desfinanciada y destruida en apenas dos años y salarios tan pulverizados por la inflación que muchos soldados dependen de la comida de los cuarteles para sobrevivir. Ese escenario crítico sumó una nueva estocada con la modificación presupuestaria anunciada esta semana, que le recortó casi 49 mil millones de pesos al Ministerio de Defensa, los estados mayores del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea Argentina, y el Estado Mayor Conjunto. La poda al gasto público es superior a los 2,4 billones de pesos en toda la administración pública y se decidió, según el gobierno, para mantener el equilibrio de las cuentas públicas. El Ministerio de Defensa perderá 6.055 millones, el Ejército 12.622 millones, la Armada 11.820 millones y la Fuerza Aérea otros 16.500 millones. La publicación especializada Zona Militar aseguró que el ajuste afecta programas de alistamiento operacional, logística, sostenimiento y equipamiento de las tres fuerzas, y cancela el crédito externo asignado a uno de los proyectos de adquisición más esperados por la Armada: la incorporación de cuatro helicópteros navales livianos para la Base Naval Puerto Belgrano. “Los recortes alcanzan al Fondo Nacional de la Defensa (FONDEF), que pierde 3.300 millones de pesos en equipo militar y de seguridad, al Programa de Logística de la Defensa, que resigna 1.000 millones destinados al mantenimiento y reparación de vehículos, y al Servicio de Hidrografía, con una baja de 1.700 millones en maquinaria y equipo”, informó Zona Militar. Otra revista digital del ámbito militar, Red Castrense, fue más categórica: “Presti ha demostrado una combinación preocupante de inutilidad operativa y complacencia política. Lejos de ser el ministro que iba a ‘revalorizar’ a las Fuerzas Armadas, se convirtió en el ejecutor civil de un ajuste sistemático que está degradando la capacidad operativa del Ejército, Armada y Fuerza Aérea”.