España atraviesa una crisis severa de asequibilidad: en las grandes ciudades el alquiler se ha disparado y el acceso a la vivienda es uno de los principales problemas para los hogares. En este contexto, la regularización aprobada en abril permitirá que más de 500.000 personas –unas 150.000 en Catalunya– obtengan residencia y permiso de trabajo. Mientras aflora empleo sumergido y el debate gira en torno a la integración, su impacto en la vivienda apenas se analiza.La medida no incrementa el número de inmigrantes, sino que cambia su estatus jurídico. Quienes se regularizarán ya viven en España y la mayoría ocupan una vivienda, a menudo en el mercado informal –habitaciones sin contrato, subarrendamientos o sobreocupación–. El paso al mercado formal implica mayor protección, pero no un aumento inmediato de la demanda.NecesidadesHay que ampliar sostenidamente la vivienda asequible, movilizar suelo, reducir trabas administrativas y dar estabilidad jurídicaSi tras regularizarse deciden cambiar de residencia, el efecto se concentrará en el alquiler: el 74,5% de los inmigrantes extracomunitarios ya reside en esta modalidad, sobre todo en áreas urbanas. Persistirán obstáculos. La evidencia para España muestra discriminación por origen: candidatos con nombres extranjeros reciben hasta 30 puntos porcentuales menos de respuestas que equivalentes con nombres españoles. A ello se suma un problema compartido con jóvenes y hogares vulnerables: bajos ingresos frentea precios elevados.El trasfondo es estructural: falta crónica de oferta, especialmente asequible. En el boom se finalizaban más de 600.000 viviendas al año, con crédito abundante que alimentó una burbuja; hoy se construye muy poco. En los últimos cinco años se han creado más de un millón de hogares, mientras las nuevas viviendas terminadas han sido insuficientes, acumulando un déficit de más de 800.000 unidades. Parte del parque se destina a usos no residenciales –turísticos o especulativos– y gran parte de lo nuevo se orienta a la venta, sin ampliar el alquiler, donde se concentran los hogares de menores rentas. Al pasar del mercado informal al formal, la demanda de alquiler aumentará y, con oferta rígida, también la presión sobre precios.Las ayudas y la contención de rentas pueden ser necesarias, pero son insuficientes sin un aumento efectivo de la oferta y una regulación que refuerce su función residencial. En mercados con poco parque, los subsidios tienden a trasladarse a precios y ciertos controles pueden reducir la oferta. La respuesta pasa por ampliar sostenidamente la vivienda asequible, movilizar suelo, reducir trabas administrativas y aportar estabilidad jurídica. Exige planificación territorial y coordinación entre administraciones, integrando vivienda y transporte para ampliar las áreas metropolitanas hacia municipios con más suelo disponible. La regularización no origina las tensiones; las hace más visibles. El gran problema es que durante años se han construido muchas menos viviendas de las necesarias. Resolverlo exige decisiones que miren más allá de cualquier legislatura y del origen de quienes buscan un lugar donde vivir.