Trabajar 37 horas y media a la semana equivale, para un ciudadano cuyo convenio no haya rebajado ya el límite de 40 horas que marca hoy por hoy la ley, a invertir 30 minutos menos al día en el trabajo. O lo que es lo mismo, a disponer de media hora más para dedicarla a su vida personal. El Gobierno de coalición —y, muy en especial, el ala de Sumar— defendió a capa y espada la reforma legislativa que reducía el tiempo de trabajo a esas cotas, pero los votos en contra de PP, Vox, Junts per Catalunya y UPN no permitieron siquiera que la propuesta entrara en el Congreso para poder trabajarla. Portazo.PublicidadOcurrió el 10 de septiembre de 2025 y aquel día todo fueron titulares de perfil político. Derrota de Sumar; derrota del Gobierno. Y es cierto. La aritmética parlamentaria adversa con la que gobierna Pedro Sánchez se materializa en chascos en el Congreso que sirven a la oposición para visibilizar la debilidad parlamentaria del Ejecutivo. Pero más allá del marcador político, la acción de los diputados tiene un poso. Un efecto directo en la vida de los ciudadanos. El torpedeo de las derechas a la reducción de jornada imposibilitó que 12 millones de trabajadores pudieran aspirar a reducir en 150 minutos su tiempo en la oficina, la obra o frente al ordenador.Pero la reducción de la jornada es solo un ejemplo. Desde que empezó la legislatura, una mayoría conformada por formaciones de derechas —normalmente, PP, Vox, Junts y UPN, pero, a veces, también el PNV— ha desbaratado hasta 19 iniciativas con contenido legislativo a propuesta del Gobierno o bien de los grupos parlamentarios de PSOE o Sumar. Hay otras ocasiones en las que los mismos grupos o el Ejecutivo han retirado leyes por falta de apoyos y otras en que ni siquiera se han registrado en la cámara precisamente por las pocas posibilidades de que prosperasen.La última gran votación que perdió el Gobierno a manos de las fuerzas políticas antes mencionadas fue la prórroga de los contratos de alquiler. En este caso, se trataba de un decreto que el Ejecutivo aprobó en Consejo de Ministros por la insistencia —de nuevo— de Sumar y que tenía por objetivo impedir que los propietarios con viviendas en alquiler subieran el precio a sus inquilinos. La medida hubiera beneficiado, según los números que aportó el Gobierno, a un total de 2,7 millones de ciudadanos.Muchas de las medidas que se han quedado en el camino afectan directamente a las condiciones de vida de los ciudadanos y muy en particular a la vivienda. El 26 de febrero, sin ir más lejos, PP, Vox y Junts votaron en contra de la moratoria antidesahucios para familias vulnerables. Tras la votación, 70.000 se quedaron sin protección. El mismo día, los partidos que lideran Alberto Núñez Feijóo, Santiago Abascal y Carles Puigdemont —en Madrid, Míriam Nogueras— tumbaron otro decreto, uno con el que el Gobierno proponía un tope a los precios de los productos básicos en momentos en que haya situaciones de emergencia, como, por ejemplo, la DANA o un accidente como el de Adamuz. Tampoco hubo suerte en ese caso.PublicidadTambién en el ámbito de la vivienda, en septiembre de 2024, las tres derechas tumbaron una ley que llevó Sumar al Congreso de la mano del Sindicato de Inquilinas y que pretendía corregir una falla de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU). La reforma, entre otras cuestiones, incluía limitar a seis meses la duración máxima de los alquileres temporales, de manera que todo aquel arrendamiento que excediera ese medio año pasaría a regirse por las normas de una vivienda de alquiler habitual y los propietarios tendrían las obligaciones y deberes correspondientes. Meses más tarde, Junts cedió —según varias fuentes, por la presión de las calles sobre todo en Catalunya— y dio su voto favorable para que una iniciativa muy parecida empezara a trabajarse en la Cámara Baja. En estos momentos navega en el limbo de la tramitación parlamentaria.Desde el Gobierno insisten en una idea: no es lo mismo trabajar media hora más al día que media hora menos y no es lo mismo hacerlo con las condiciones habitacionales estables y seguras que pendiente de que el casero suba el precio del alquiler o, incluso, que el día pueda terminar sin un techo bajo el que cobijarse. En estos momentos, el escenario es el más crudo.Los impuestos a la banca y las energéticasTambién han unido sus fuerzas las derechas del Congreso en materia fiscal. Los meses de noviembre y diciembre de 2024, aunque ya queden lejos en la memoria, fueron decisivos en términos de impuestos. En noviembre, después de una caótica sesión de la Comisión de Hacienda, decayó la tasa a las grandes empresas energéticas y se reformó a la baja el tributo a la banca. Más tarde, el Gobierno llevó al Congreso un paquete fiscal en el que, entre otras cosas, había incluido un nuevo gravamen para las compañías energéticas presionado por las izquierdas, pero Vox, Junts, el PNV y UPN apoyaron una enmienda del PP para derogar el impuesto. Los aliados de izquierdas del Ejecutivo acusaron a las derechas de trabajar en favor de los intereses de los empresarios del sector de la energía.PublicidadEn el ámbito empresarial, también quedó en nada la propuesta de Sumar de crear una Oficina de Prevención de la Corrupción, a pesar de que se trataba de una recomendación del Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO). Las derechas también fulminaron un intento por parte del mismo grupo de proteger a los trabajadores en los casos de deslocalización de sus empresas. Fundamentalmente, lo que proponía esa ley era prohibir los despidos colectivos en esos casos.Los Presupuestos, ni soñarlosHay otras leyes menores en términos políticos que se han quedado en el tintero también por la oposición de las derechas, como la ley de instrucciones previas que llevó el PSOE al Congreso para que las personas puedan manifestar de forma anticipada qué tipo de tratamiento o cuidados quieren recibir al final de su vida o también qué hacer con su cuerpo una vez se produzca un eventual fallecimiento.Pero si hay una ley por excelencia es la de los Presupuestos Generales del Estado. En este caso, el Gobierno no ha presentado siquiera el proyecto de unas nuevas cuentas públicas, aunque está obligado por la Constitución, pero lo cierto es que tiene la seguridad de que las derechas las tumbarían. Ya lo hicieron con la senda de déficit —paso previo para sacar adelante, después, los Presupuestos— en julio de 2024.