Seis meses después del rechazo de la derecha en el Congreso a la reducción de jornada, el Gobierno contrae el tiempo de trabajo de los funcionarios de la Administración central. Desde 2015, las horas pactadas en el empleo público se han reducido el doble que en el privado
El principal sindicato de España especializado en funcionarios, CSIF, envió un comunicado el 24 de octubre de 2023. Aquel día se anunció el acuerdo de PSOE y Sumar para renovar el Gobierno de coalición y reducir la
-laboral-de-375-horas.html" target="_self" rel="" title="https://elpais.com/espana/2023-10-24/psoe-y-sumar-alcanzan-un-acuerdo-de-gobierno-que-incluye-la-semana-laboral-de-375-horas.html" data-link-track-dtm="">jornada ordinaria máxima de 40 a 37 horas y media en el Estatuto de los Trabajadores. CSIF pedía ir más allá para los funcionarios y alcanzar las 35 horas. Dos años y medio después, el Ejecutivo no ha cumplido con los asalariados privados, dado el rechazo de la derecha en el Parlamento a las 37 horas y media, pero sí está a punto de satisfacer las 35 horas para muchos trabajadores públicos.
En la primera quincena de abril, Función Pública instaurará este reparto del tiempo de trabajo para unos 250.000 empleados de la administración central, jornada que ya aplica para buena parte de los funcionarios autonómicos y locales. Pero no para todos. Según el recuento elaborado por EL PAÍS, 21 de 56 grandes ciudades españolas consultadas (todas las cabeceras de provincia, las dos ciudades autónomas y otras cuatro muy pobladas) aún no han establecido la jornada de 35 horas para sus empleados municipales. Así, cuatro de cada diez consistorios consultados aún no las han instaurado, una proporción parecida a la que se da entre las autonomías. No han implantado las 35 horas por norma general en seis de las 17 comunidades.
