Los sindicatos reclaman a las seis comunidades y a los ayuntamientos que no aplican esa jornada semanal que lo hagan ya
Las empresas saben que, por norma general, la concesión de un derecho a un grupo de trabajadores conduce a la reivindicación del mismo por quienes estén en un rango parecido. Esta lógica se aplica con aún más fuerza en el sector público, en el que los jefes patronales son políticos que se enfrentan a las urnas como tarde
k-dtm="">cada cuatro años. De ahí que la aprobación de la jornada semanal de 35 horas en la Administración General del Estado (AGE), sellada en el Boletín Oficial del Estado este miércoles, sea un argumento de mucho peso para los funcionarios que aún trabajan más horas, 37 y media. En el 40% de las autonomías y en la misma proporción de grandes ayuntamientos no rigen las 35 horas, panorama que los sindicatos quieren cambiar. Y ya están dando pasos para conseguir tal fin.
Rosa Robledano, de UGT Madrid, explica que su sindicato ya ha enviado una carta al Gobierno de Isabel Díaz Ayuso para reclamarle que aplique las 35 horas en la Administración autonómica. “Ahora que se han aprobado en la Administración estatal, no tienen argumentos para rechazar el cambio. Ya tuvimos las 35 horas cuando presidía la comunidad Alberto Ruiz-Gallardón, con el mismo partido que ahora (PP). Sería, simplemente, recuperarlas”, opina la vicesecretaría general del área pública del sindicato a nivel regional. “Una comunidad que saca pecho de sus cifras económicas puede permitirse aplicar una medida que está en vigor desde hace muchos años en otras autonomías”, agrega Robledano.
