El Ejecutivo tiene una expectativa; para el gobierno, positiva. Para la sociedad, difícil. Según la información que circula por los pasillos oficiales con contactos ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ); el máximo tribunal judicial del país no definiría de manera urgente la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario. Entendiendo por urgente una decisión contraria al oficialismo que implique la aplicación inmediata de la legislación aprobada en el Congreso Nacional, pero judicializada por el Ejecutivo. Si bien no hay pistas serias sobre la manera en que el tridente cortesano pueda volcarse de un lado o de otro, desde las oficinas fiscales del gobierno se trabaja con una resolución negativa. Algo lógico teniendo en cuenta que ya hay dos fallos en contra de la no aplicación de la ley en primera y segunda instancia. Los que saben de modos judiciales, afirman que es casi utópico que en la Corte se defina algo contrario a lo que en conjunto se falle en primer y segunda instancia. Ante el panorama pesimista, el Ejecutivo se aferra entonces al factor tiempo. Que, en términos prácticos se mide en millones de dólares. Dicho de otra manera, cuanto más tarde en definir la CSJ una situación contraria al gobierno, más dinero se ahorrará el Ejecutivo en aplicar la ley. Y, en consecuencia, menos dólares se “gastarán” en aplicar le Ley. La instancia de máxima en este sentido, es que la Corte demore hasta fines de junio, para que la reglamentación se aplique en julio y los gastos comiencen en agosto. Así, en términos fiscales, el gasto final para el ejercicio 2026 sería de entre 467 a 580 millones de dólares; y no de 1.400 millones; partiendo de la base que el costo fiscal de ejecución de la Ley de Financiamiento Universitario tendría un volumen de 0,2% del PBI. Mensualmente serían unos 117 millones de dólares mensuales sobre la base del producto del 2025, única manera legal de mensurar sobre presupuesto vencido; ya que las partidas para aplicar no están en la letra del presupuesto nacional aprobado por el Congreso para este ejercicio. En consecuencia, el gobierno tiene legalmente la posibilidad de ejecutar el gasto suspendido a partir y hacia delante que la Corte avale la legislación, con lo que el gasto concreto partiría desde el mes inmediatamente posterior al eventual fallo. Y como se trata de dinero para presupuesto sobre mes vencido, el pago se ejecutaría a comenzar el mes siguiente. Así, por ejemplo, si la CSJ falle en junio, el gasto se ejecuta en julio y se liquida en agosto. Siguiendo esta cuenta fiscal, cada mes que la Corte demore una definición, son unos 117 millones de dólares que el gobierno no tiene que gastar para este año. Luego, para el 2027, la historia dependerá de la negociación del nuevo presupuesto, donde el Ejecutivo intentará nuevamente dormir la ley y retomar la negociación con la “oposición constructiva”. En concreto, y en términos fiscales, el gobierno gana unos U$S 117 millones por mes de demora de la Corte. Algo que en términos fiscales es oro en polvo teniendo en cuenta la meta de superávit fiscal primario de 1,4% del PBI que se deben cumplir según el acuerdo de Facilidades Extendidas vigente con el Fondo Monetario Internacional (FMI) vigente para este año. Cuanto más se tarde en el tiempo en aplicar la ley, menos dinero habrá que conseguir en algunas otras cuentas públicas o sacrificar ingresos para poder hacer frente a la erogación. La causa por la Ley de Financiamiento Universitario está en condiciones de resolverse en la Corte Suprema, pero sin fecha definida. El conflicto judicial se originó porque el gobierno de Javier Milei suspendió por decreto la aplicación de la ley aprobada por el Congreso, argumentando que no tenía financiamiento y que afectaba el equilibrio fiscal. Las universidades nacionales, nucleadas en el Consejo Interuniversitario Nacional, fueron a la Justicia para exigir su cumplimiento.