Un fallo de segunda instancia exige al Gobierno argentino respetar la ley de financiamiento de universidades públicas, aprobada el año pasado
La justicia argentina ha ordenado al Gobierno de Javier Milei detener el recorte que la motosierra presidencial aplica sobre el sistema universitario público. Se trata de una medida cautelar, confirmada en segunda instancia, que exige cumplir con una ley votada por el Congreso el año pasado y hasta ahora ignorada por el Ejecutivo. El fallo se conoció este martes, en medio de un creciente conflicto con los profesores universitarios, que iniciaron su tercera semana de huelgas y medidas de protesta. Las universidades del país han denunciado que, desde la asunción de Milei hasta hoy, entre 2023 y 2026, han sufrido “una caída real acumulada del 45,6%” de sus fondos.
La universidad pública, gratuita y con ingreso libre en la mayor parte del país es una de las instituciones más valoradas por la sociedad argentina. Las 64 universidades de gestión estatal albergan a unos 2,1 millones de alumnos —el 78% de la matrícula estudiantil—, cerca de 159.000 docentes y 60.000 empleados jerárquicos, administrativos y de maestranza.
Ese universo se declaró la semana pasada en “emergencia salarial y presupuestaria”, según dispuso el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN). El organismo que representa a las casas de estudios precisó que los salarios universitarios han sido víctimas de “una pérdida de poder adquisitivo del orden del 32%” desde que gobierna la ultraderecha: entre noviembre de 2023 y febrero de 2026, los sueldos acumularon “un incremento del 158%, mientras que la inflación acumulada en el mismo período alcanza el 280%”.
