Javier Milei cumplió este sábado con su amenaza y puso la firma al veto de dos leyes aprobadas el 10 de julio pasado por una mayoría opositora en el Congreso. La primera establecía una subida del 7,2% para las pensiones, las más afectadas por el ajuste fiscal impulsado por el Gobierno: la segunda, declaraba la emergencia en discapacidad y aumentaba la ayuda que el Estado otorga por invalidez. El presidente sostuvo desde el primer día que las normas atentaban contra el superávit fiscal, su principal bandera de gestión, y que su aprobación fue un “intento de golpe institucional” perpetrado por el peronismo en su versión kirchnerista.
El veto presidencial regirá desde el lunes, cuando el decreto se publique en el Boletín Oficial. La ultraderecha, que es minoría en el Congreso, deberá ahora negociar con sus aliados, todos circunstanciales, para conseguir el apoyo de 86 diputados. Ese es el número mágico que le permitiría defender el veto ante el intento opositor por anularlo con dos tercios de los votos de la Cámara baja, como establece la Constitución.
No es el mejor momento político para ello: Argentina entra en período electoral y la Casa Rosada ha roto puentes con todas las fuerzas que, hasta ahora, le habían garantizado la gobernabilidad en el Congreso. La llave la tenían los gobernadores no peronistas, que ya salvaron con el voto de sus senadores un veto anterior de Milei a otro aumento de las pensiones aprobado en septiembre de 2024.
