La Corte demora la ley universitaria y el Gobierno gana tiempo para sostener el superávit pactado con el FMI

Mientras el máximo tribunal evita una definición inmediata sobre la Ley de Financiamiento Universitario, el Gobierno apuesta al reloj judicial para aliviar la presión sobre las cuentas públicas. En el Ejecutivo calculan que cada mes sin fallo definitivo implica un ahorro de unos US$ 117 millones y permite sostener la meta de superávit de 1,4% del PBI comprometida con el FMI. Las universidades ya obtuvieron fallos favorables en primera y segunda instancia, pero la Casa Rosada confía en que la resolución final llegue recién en el segundo semestre y reduzca el costo fiscal de aplicar la norma.

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