En los últimos meses, la sociedad española ha hecho frente a una serie de episodios vinculados con la salud pública con amplia cobertura mediática. Episodios cuyo nexo común es el papel fundamental de la ética en la gestión de las políticas de salud pública. En octubre del 2025, conocimos la llamada crisis de los cribados de cáncer de mama en Andalucía. El retraso en la comunicación de resultados dudosos, que llegó a ser de entre seis meses y dos años, afectó a más de 2.000 mujeres que no habían sido informadas de la necesidad de nuevas pruebas para clarificar el diagnóstico, lo cual derivó, en algunos casos, en la progresión de la enfermedad a estadios más graves. Al conocerse públicamente la situación, miles de personas, muchas de ellas mujeres, se lanzaron a las calles para manifestarse no solo en contra de la mala gestión del gobierno andaluz, sino también contra los recortes y privatización de los servicios de salud, aumentando la desconfianza hacia el sistema de cribados. Un mes después saltaron de nuevo las alarmas en materia de salud pública, esta vez por un brote de peste porcina africana en Cataluña, que afectaba a jabalíes silvestres. Si bien esta enfermedad no supone un perjuicio directo para la salud de las personas, sí implicaba cierto riesgo de contagio a cerdos criados para consumo humano en granjas adyacentes al foco. Con el fin de evitar la expansión del virus, la Generalitat acordó el sacrificio preventivo de miles de animales sanos dentro del perímetro de vigilancia. Pese a que se valoró el impacto económico de las medidas para el sector porcino, se obviaron cuestiones éticas relevantes como el bienestar animal y la protección de ecosistemas. El último incidente, que hemos conocido hace escasos días, también está relacionado con un brote vírico, esta vez de hantavirus, que ha afectado a un crucero con bandera holandesa que navegaba entre Argentina y Cabo Verde. Según la OMS, tres personas han muerto y hay algunas otras afectadas, posiblemente por una transmisión animal-humano a través de orina o excrementos de roedores contaminados o, según otra hipótesis, por un caso raro de transmisión humano-humano. El crucero llegó este domingo a Tenerife tras acordar cómo atender a los viajeros. En un caso así, tanto organismos supranaciones como los distintos estados implicados deberían actuar en función de los principios de proporcionalidad, precaución, auxilio y solidaridad. Sin embargo, la decisión inició una pugna política entre el Gobierno canario y el central sobre la viabilidad de dicho plan. Estos tres ejemplos tratan circunstancias extraordinarias; sin embargo, los conflictos éticos también forman parte del día a día en la toma de decisiones de salud pública. La salud pública no depende solo de la evidencia científica, los criterios técnicos o el cumplimiento normativo, sino que los valores también orientan las decisiones colectivas sobre los modelos que hay que construir y los objetivos que se quieren defender. Por ello, es imprescindible incorporar la ética de forma estructural en las políticas públicas de salud.La crisis de la covid ya puso de manifiesto la importancia de la ética en la toma de decisiones. La escasez de recursos sanitarios obligó a aplicar criterios de justicia distributiva, y las medidas de aislamiento, confinamiento y cuarentena generaron una tensión entre el bien común y los derechos individuales. Incluso principios aparentemente sencillos, como la equidad o la “salud para todos”, deben ser adaptados a contextos sociales y sanitarios concretos. A los desafíos éticos tradicionales, como los derivados de la limitación de libertades individuales para proteger la salud colectiva, se le suman desafíos emergentes, como la gestión ética de desastres, el uso de la inteligencia artificial, la lucha contra la desinformación o la protección del bien público frente a intereses comerciales. La buena gobernanza en salud pública debe sostenerse en valores como la transparencia, la rendición de cuentas, la justicia, la solidaridad y la confianza ciudadana.Sin embargo, las cuestiones éticas suelen brillar por su ausencia en el discurso público. En una tribuna reciente en este mismo diario, se reflexionaba sobre los 40 años de la Ley General de Sanidad y la necesidad de actualizar la salud pública española. En ella, se habla de la futura Agencia Estatal de Salud Pública, aprobada en 2025, sin considerar la dimensión ética. Asimismo, a finales de abril, el consejero de Salud del País Vasco anunciaba el borrador de un decreto por el que se creará el Instituto Vasco de Salud Pública, una agencia autonómica para la coordinación de respuesta a epidemias, seguimiento estadístico de enfermedades, vigilancia alimentaria y ambiental y prevención de adicciones, entre otros; de nuevo, sin ninguna mención a la ética. La ética debe convertirse en una brújula que guíe las políticas de salud pública. Las experiencias recientes nos han demostrado que las decisiones sanitarias implican conflictos de valores, motivo por el cual no se pueden resolver solo con criterios técnicos o legales. Integrar la ética en las instituciones, reforzar la participación ciudadana y crear estructuras específicas de asesoramiento son pasos imprescindibles para construir sistemas de salud pública más eficaces, justos y legítimos. Por ello, más allá de establecer organismos de salud pública, defendemos la necesidad de crear un Comité de Ética de la Salud Pública (CESP), un órgano público, independiente y multidisciplinario, de carácter consultivo e independiente de la estructura política, con una composición plural y funciones de análisis, asesoramiento, emisión de informes y resolución de conflictos éticos; que se valga, además, de un Código de Ética de la Salud Pública que ayude a enmarcar la decisiones éticas en este ámbito. Desde la red ESPACyOS (Ética, Salud Pública, Acción y Observación Social) abogamos por la necesidad de esta integración institucional para que, ante cualquier problema presente o venidero, la ética figure ya en el corazón de la salud pública.