Vista de la entrada del Hospital de Torrejón de Ardoz (Madrid), gestionado por el grupo sanitario Ribera. EFE/ Rodrigo Jiménez
Adaya González |
Madrid (EFE).- Las órdenes del CEO de Ribera Salud para aumentar las listas de espera y rechazar pacientes por criterios económicos en el madrileño Hospital de Torrejón o los fallos en las mamografías en Andalucía han evidenciado este 2025 las grietas que la privatización ha abierto en el sistema sanitario español durante tres décadas.
Ambas polémicas han recrudecido la batalla del Gobierno con las comunidades del PP por su gestión sanitaria, especialmente con la de Madrid, con la que mantiene abierta una tercera: es la única que se niega tajantemente a hacer un registro de objetores al aborto pese a que así lo obliga la ley de 2023.
Las tres han llegado a los tribunales: el PSOE y Más Madrid llevaron a la Fiscalía el caso de Torrejón; la asociación andaluza de mujeres con cáncer de mama Amama, el defensor del Paciente, Adelante Andalucía e IU-Convocatoria por Andalucía hicieron lo propio con los cribados y el Ministerio de Sanidad ha propiciado un contencioso contra Madrid -que es también la única que no ha facilitado los datos de sus programas de cáncer- por contravenir la ley del aborto.
