Hacienda convence a la Comisión Europea de que la situación ha mejorado en los últimos años
Tras una década de vigilancia y toques de atención por parte de Bruselas, España ha logrado sacudirse una de las sombras regulatorias que pesaban sobre su gestión pública. La Comisión Europea ha comunicado oficialmente al Gobierno el cierre del procedimiento de infracción que mantenía abierto contra el país desde 2015, originado por el incumplimiento sistemático de una directiva sobre la
a-link-track-dtm="">morosidad en las operaciones comerciales. Aquel expediente se abrió porque el país no estaba respetando los plazos legales para pagar a sus proveedores, lo que situaba a la Administración fuera de la legalidad comunitaria y obligaba a Bruselas a intervenir para garantizar que las facturas no se eternizaran en los cajones de los organismos públicos. El cierre del procedimiento fue comunicado a España el pasado 29 de abril, según consta en el listado del Ejecutivo comunitario sobre las novedades en estos procesos.
Estos retrasos tenían un impacto directo en las cuentas de las compañías, afectando de manera especialmente grave a las pequeñas y medianas empresas (pymes). Al ser estas uno de los proveedores habituales de las administraciones en España, la demora en los pagos se convertía en una barrera para su liquidez, comprometiendo en muchos casos su viabilidad financiera.
