La norma permite a los Estados miembros exonerar del pago del impuesto a las pymes y autónomos con hasta 85.000 euros de facturación
La Comisión Europea ha decidido este miércoles llevar a España ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) por no haber incorporado a su legislación nacional dos directivas comunitarias relacionadas con el IVA dentro del plazo previsto. Una de ellas, entre otros cambios, permite a los Estados eximir del impuesto sobre el valor añadido a los autónomos con hasta 85.000 euros de facturación anual. Bruselas solicitará, además, que se impongan sanciones económicas al considerar que el incumplimiento persiste pese a los avisos previos.
Los Estados miembros debían adoptar antes del 31 de diciembre de 2024 las normas necesarias para aplicar estas dos directivas. Ante la falta de avances, la Comisión inició el procedimiento de infracción enviando a España cartas de emplazamiento el 31 de enero de 2025 y, posteriormente, dictámenes motivados en julio del mismo año. Sin embargo, según constata el Ejecutivo comunitario, España sigue sin haber notificado la transposición completa de ambas normas y es el único país de la UE que no lo ha hecho.
Una de las directivas introduce cambios en el régimen del IVA para las pequeñas empresas. La normativa busca reducir la carga administrativa y los costes de cumplimiento para pymes y autónomos, además de facilitar el control por parte de las administraciones tributarias. Entre otras medidas, permite a los Estados miembros establecer un umbral de facturación anual de hasta 85.000 euros por debajo del cual las pequeñas empresas y trabajadores por cuenta propia pueden quedar exentos de aplicar el impuesto. En concreto, exonera de incluir el IVA en sus facturas y también de la exigencia de presentar declaraciones periódicas sobre el mismo.
