La atención y los cambios en Venezuela están centrados en lo económico, mientras siguen denunciándose abusos y represión de los cuerpos policiales
José Perozo, un venezolano de 24 años, vuelve a estar encerrado. En 2024 lo detuvieron durante la represión de las protestas contra los resultados de las elecciones presidenciales. Esta vez había salido a llenar unos botellones en un depósito de agua cercano a su casa en Mariara, estado Carabobo, cuando una patrulla se paró a su lado. Lo detuvieron, le pusieron una capucha y se lo l...
levaron. Su madre ha recorrido todas las sedes policiales del pueblo sin encontrarlo. “¿Hasta cuándo esto, que uno no puede ni salir a la calle?”, suplica Yuraima Piñero.
Mientras ejecutivos de empresas petroleras y mineras e inversores de todo el mundo aterrizan en Caracas en busca de oportunidades económicas, en las calles venezolanas el temor a la detención arbitraria no se ha disipado. La intervención estadounidense en Venezuela ha forzado rápidas reformas para abrir el país al capital extranjero y facilitar la explotación de sus recursos naturales, pero las libertades y la garantía de derechos fundamentales siguen en un plano más secundario.
La liberación de presos políticos parece estancada desde que la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, anunció hace un par de semanas que la ley de amnistía había llegado a su fin. Las reformas del sistema judicial avanzan con lentitud, y los cambios en los poderes políticos han sido limitados: los cargos clave siguen en manos de figuras afines al Gobierno.
