Además de la encarcelación, el marco legal del régimen permite a las autoridades despojar de sus propiedades a adversarios políticos, un castigo que se ha hecho más visible estos días
Luego de pasar año y medio preso tras las fallidas elecciones presidenciales de julio de 2024, el dirigente opositor William Dávila recuperó la libertad plena después del ataque militar estadounidense del 3 de enero. Volvió a su casa con quebrantos de salud, pero está decidido a reclamar lo que le falta: que le devuelvan el auto que le confiscaron. Todavía lo está esperando. No es un caso aislado....
“Cuando yo caí preso, me quitaron el apartamento”, relata Enrique Márquez, político opositor, ex candidato presidencial y fundador del partido Centrados. “La policía me arrestó saliendo de mi casa, me quitaron las llaves y se metieron. Se llevaron mi computadora y efectos personales buscando información. Se robaron dinero, artefactos de cocina, ropa, cuadros. Nos dejaron quebrados”.
Lilian Tintori, activista de derechos humanos y esposa del político opositor Leopoldo López —ambos en el exilio hace años—, denunció hace unos días que recientemente su residencia en Caracas fue tomada y “saqueada” por las autoridades: se llevaron los cuadros de la sala, las mascotas (dos perros y dos loros), las fotos de familia y los enseres de la cocina. Desde el exilio, Magalli Meda, líder de Vente Venezuela, ha hecho una denuncia similar.
