El Partido Popular asume unos principios peligrosos en sus acuerdos de gobierno con Vox en Extremadura y Aragón
El Partido Popular ha traspasado una línea roja al asumir en sus pactos con Vox en Extremadura y Aragón la prioridad nacional, que conduce a la discriminación entre nativos y extranjeros en el acceso al Estado del Bienestar. Aunque no está claro el alcance práctico de est...
os acuerdos autonómicos con la extrema derecha, y aunque el principio discriminatorio podría chocar con los tribunales españoles y europeos, aceptar el marco conceptual xenófobo como ha hecho el PP abre un camino peligroso para un partido que aspira a gobernar España. Cuando el futuro vicepresidente de un Gobierno regional, como el extremeño Óscar Fernández Calle, apela a eslóganes como “los españoles primero”, deberían sonar las alarmas en cualquier partido democrático.
Las palabras no son inocentes. En un país donde los inmigrantes aportan una contribución valiosa a la sociedad y a la economía, la retórica excluyente de la prioridad nacional amenaza los valores constitucionales y echa fuego a la convivencia. El PP se ha cuidado mucho de precisar que, en su diccionario, la prioridad nacional no significa imponer una discriminación entre españoles y extranjeros que vulneraría la Constitución y las normas europeas. La formación de Alberto Núñez Feijóo lo quiso dejar claro al rechazar este miércoles una moción de Vox en el Congreso que eludía estos matices e invocaba la “comunidad nacional”, otro término propio de la ultraderecha. Los populares, en cambio, subrayan que, con el principio de la prioridad nacional, no se trata de discriminar a los extranjeros, sino solo de dar preferencia, al asignar los recursos públicos, a quienes demuestren un “arraigo real, duradero y verificable en el territorio”. Así consta en el acuerdo extremeño y, con una formulación parecida, en el aragonés, y a eso se aferra Génova para asegurar que estos pactos son constitucionales y asumibles por un partido moderado.
