Paula Escalada |
Madrid (EFE).- El significado del término «prioridad nacional», incluido en el acuerdo entre PP y Vox en Extremadura, ha desatado discrepancias entre ambos partidos, que lo entienden de manera distinta, mientras que el Gobierno lo ve ilegal y anticonstitucional.
En un momento en el que las formaciones de Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal se encuentran negociando para cerrar los gobiernos de Aragón y Castilla y León, en las últimas horas la interpretación de este concepto ha multiplicado los roces entre los dos partidos.
En las 23 páginas del acuerdo con entre PP y Vox el término «prioridad nacional» aparece en dos puntos, uno referente a las ayudas subvenciones y prestaciones públicas y otro al sistema de acceso a vivienda protegida y alquiler social.
En ambos puntos se señala, literalmente, que «el acceso a todas las ayudas, subvenciones y prestaciones públicas» o «el acceso a vivienda protegida y alquiler social» se inspirarán en «el principio de prioridad nacional», «adecuado a la legalidad vigente», que «procure la asignación prioritaria de los recursos públicos a quienes mantienen un arraigo real, duradero y verificable con el territorio».
