Los populares impulsan una reforma urbanística para eliminar trámites y facilitar desahucios
“¿Pero ustedes creen que una familia puede vivir con 900 euros? ¿en qué país viven?”. La pregunta, dirigida los populares, fue corriendo de boca en boca de los portavoces que intervenían este martes en el pleno del Congreso. De Podemos al PNV, de Sumar a EH Bildu. “Son ustedes muy buenos administradores familiares, incluso magos, si con apenas 1.000 euros creen que una familia puede acceder a una vivienda y comer todos los días”, ironizó
ata-link-track-dtm=""> la peneuvista Maribel Vaquero.
La actual ley de Enjuiciamiento Civil considera que una familia es vulnerable, a efectos de establecer restricciones a su desahucio, cuando su renta no supera tres veces el Iprem, el índice de referencia para determinar los ingresos que permiten el acceso a ayudas y subsidios públicos. Este año el Iprem se sitúa en 600 euros, por lo que una familia sería considerada vulnerable cuando su renta mensual es inferior a 1.800 euros. El PP pretende reducirlo a la mitad.
Así figura en una proposición de ley llevada por los populares al pleno de esta semana en el Congreso que supondría un importante cambio en la normativa urbanística y de vivienda. Uno de los apartados de la iniciativa rebaja a 1,5 veces el Iprem el umbral de renta para que una familia se declare vulnerable y de ese modo, se dificulte su expulsión de la vivienda. También plantea reducir de dos meses a uno el periodo del que dispone un inquilino para abandonar su vivienda una vez que un juez dictamine el desahucio.
