La asociación de grandes propietarios Asval presenta alegaciones al plan estatal en las que reclama un desembolso de 40.000 millones
España está a la cola de los países europeos en gasto público en vivienda. Esa es una realidad conocida entre los poderes públicos y el sector inmobiliario, pero que el lobby del alquiler residencial propone que se reconduzca a través del Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 que el Gobierno presentó el pasado mes. Concretamente, la cifra debería multiplicarse por prácticamente seis...
veces hasta llegar a los 8.000 millones de euros al año para llegar a la media europea, o lo que es lo mismo 40.000 millones en cinco años frente a los 7.000 millones que propone el plan del Ejecutivo.
Este lobby se denomina Asociación de Propietarios de Viviendas en Alquiler (Asval) y está presidido por Helena Beunza, quien fuera secretaria general de Vivienda en el primer Gobierno de Pedro Sánchez. La agrupación fue impulsada por empresas vinculadas al fondo Blackstone y actualmente representan a unas 100.000 casas de 6.000 asociados, desde particulares hasta algunas de las principales compañías del sector como Testa (de Blackstone), Macc (Cerberus), las promotoras Aedas, Neinor, Tectum y Avintia Inmobiliaria, o el fondo alemán Patrizia. También colaboran otras firmas como Idealista, Deloitte, Savills o Servihabitat.
