Los populares revientan cualquier esperanza de conducir su relación con la ultraderecha por una senda constructiva
Hay una generación de extremeños que vio por primera vez a un inmigrante africano a principios de los ochenta en las fiestas del pueblo, vendiendo relojes falsificados al lado de los puestos de fruta glaseada. “Los moros”, concepto que englobaba a todos, aparecían en las vísperas y se iban con el castillo de fuegos artificiales hasta el año siguiente. Los magrebíes sí llegaron a trabajar una década después al norte de Cáceres, cuando la generalización del consumo de tabaco rubio exigía más mano de obra y no había suficientes españoles dispuestos para la faena. Ese contexto explica que Talayuela, en Cáceres, tenga un 24,4% de población inmigrante, que contrasta con el 4,1% que hay en toda Extremadura, muy por debajo del 14% de la media nacional.
PP y Vox han firmado un acuerdo para gobernar Extremadura que traslada la idea de una emergencia que no se da en la comunidad autónoma; ni siquiera, en el municipio cacereño. Para hacer presidenta a María Guardiola (que ya se dejó buena parte de su credibilidad en su primera investidura negando a Vox en vano), el PP ha reventado cualquier esperanza de conducir su relación con la ultraderecha por una senda constructiva: el pacto pulveriza las supuestas líneas rojas del documento con el que Génova pretendía embridar el diálogo de los barones con Vox. Y no se ha hecho a espaldas de Alberto Núñez Feijóo: sus más estrechos colaboradores han estado sentados en la mesa de negociación.
