La impugnación de actas en zonas rurales de la sierra norte desata denuncias de racismo y exclusión. Organizaciones civiles alertan sobre una “violencia que reactiva heridas históricas”
Keiko Fujimori, la candidata de Fuerza Popular que acaba de pasar por cuarta vez consecutiva a la segunda vuelta en Perú, solicitó en 2021 la anulación de 200.000 votos para revertir los resultados que le otorgaron la presidencia a Pedro Castillo. Aquellos votos, repartidos en 802 actas, procedían de dos regiones de la sierra y una de la selva peruana. Las autoridades electorales declararon improcedente el pedido al no hallar sustento alguno, pero quedó constancia de cómo se intentó desaparecer la voluntad popular del interior del país.
Esta práctica se repite cinco años después. En una primera vuelta reñida con 35 candidatos presidenciales —que aún no se resuelve a una semana de los comicios—, el partido Renovación Popular, del candidato ultraderechista Rafael López Aliaga, ha presentado un centenar de pedidos de nulidad electoral contra 98 mesas de votación de la región Cajamarca, en la sierra norte. Se trata de mesas donde su principal rival por el segundo lugar, el izquierdista Roberto Sánchez (Juntos por el Perú), ha obtenido un respaldo mayoritario con 4.116 votos.
