Nuestro Estado de bienestar ya ha empezado a cambiar, pero sin que hayamos abierto un debate al respecto
Empieza la campaña de la renta, y circula por las redes sociales un meme de José Luis Ábalos junto a varias de las mujeres que
ldo-y-aldama-por-la-trama-de-las-mascarillas-en-directo.html" data-link-track-dtm="">estos días declaran en el Tribunal Supremo, como diciendo: “A esto van tus impuestos”. En la política del espectáculo, lo grotesco acaba asfixiando los verdaderos debates. El Estado de bienestar en España no depende de una presunta trama corrupta. El reto que tenemos es a largo plazo: como tantos países de Europa, empezamos a enfrentar el riesgo de convertirnos en una gerontocracia.
Basta con analizar los datos. El Gobierno volvió a batir récords de recaudación en 2025, como hizo en 2024, debido a que hay más gente trabajando, los salarios nominales han subido por efecto de la inflación —aunque no por ello haya aumentado el poder adquisitivo—, y no se han deflactado los tramos de la tarifa del IRPF. Algunos se preguntan adónde ha ido el dinero: existen recelos sobre el estado de ciertos servicios públicos, y algo está desconectando a la gente joven del contrato social que implica el pago de impuestos. No es una cuestión exclusiva del Gobierno de Pedro Sánchez, sino de prioridades de país. Según datos de la Intervención General del Estado, entre 2004 y 2024 el mayor incremento de gasto —computando todas las administraciones públicas— se concentró principalmente en las pensiones —pasaron del 33% al 42% del presupuesto general en 15 años— y, en menor medida, en sanidad. Mientras tanto, partidas tan sensibles como las de vivienda y transportes han ido a menos en términos relativos sobre el gasto total.
