La falta de financiación ha dejado a unos 15.000 usuarios de programas de ONG con la necesidad de recurrir a un sistema sanitario público al que muchos temen acudir
En el hospital central de Mzuzu, ciudad situada al norte de Malaui, una enfermera le gritó a Chisomo Nkwanga en medio de un pasillo abarrotado. El joven de 24 años había acudido por primera vez a este hospital público para recoger su medicación vital contra el VIH, la misma que había recibido con dignidad en la clínica financiada por donantes en su ciudad hasta que esta cerró sus puertas en enero de 2025.
Había estado esperando en la fila cuando terminó discutiendo con una de las enfermeras. “Eres gay, y ahora empiezas a frecuentar nuestros hospitales porque los blancos que apoyaban tu comportamiento se han ido”, le dijo la sanitaria, lo suficientemente alto como para que todo el pasillo lo oyera.
Demasiado humillado para responderle, ese día se marchó del hospital sin su medicación antirretroviral. En el centro comunitario de Mzuzu, el personal conocía su nombre y lo saludaba cuando llegaba. Allí, explica, lo trataban “como a un paciente, no a un paria”.
Nkwanga supo que era seropositivo hace seis años, después de que empezase a enfermar con frecuencia. En los años transcurridos desde entonces, la enfermedad lo ha dejado delgado y pálido. “Soy un muerto en vida”, se lamenta.
