El consistorio tiene delegadas las competencias para la prevención y extinción de incendios en el cuerpo de bomberos de la Comunidad de Madrid, pero mantiene su propio servicio municipal que duplica esas funciones y el gasto
Cuando hay una emergencia en Pinto que requiere la intervención de los bomberos, al lugar acuden tanto el cuerpo de la Comunidad de Madrid como el PIMER-PC, un servicio municipal. El primero tiene las competencias, los equipos y, sobre todo, el personal capacitado. El segundo, en cambio es un dispositivo creado por el Ayuntamiento, integrado en su mayoría por voluntarios y personal laboral sin la categoría profesional ni oposición específica para realizar esas funciones. Ambos cuerpos, financiados con dinero público, muchas veces llegan al mismo tiempo para realizar funciones similares. El conflicto ha ido escalando: primero, con quejas entre los trabajadores; después, entre el Gobierno regional y el municipal. Al final, la justicia ha intervenido y ha ordenado al Ayuntamiento de Pinto “el cese inmediato” de la prestación del servicio en materia de incendios.
La Comunidad de Madrid comenzó en 2022 a notificar incidencias al Ejecutivo local: denunciaba la falta de información sobre emergencias en el municipio, la ausencia de coordinación en accesos y puntos de encuentro con otras dotaciones y, sobre todo, el incumplimiento del reglamento cuando el PIMER-PC participaba en labores de extinción de incendios que no le correspondían. El sindicato de bomberos CSIT, el mayoritario en la región, se hizo eco de las quejas y, ante la falta de respuesta, terminó demandando al Ayuntamiento de Pinto.
