El Tribunal Superior de Justicia considera que el dinero no se ha destinado plenamente a los fines previstos
El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha dado la razón a los bomberos de la Comunidad de Madrid en su denuncia contra la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo por desviar unos 40 millones de euros, procedentes de las primas que la administración ha recibido de las aseguradoras entre 2019 y 2023. Ese dinero debería haberse destinado exclusivamente a inversiones para la prevención y extinción de incendios, algo que no habría hecho el Gobierno presidido por Isabel Díaz Ayuso. El Ejecutivo regional matiza el fallo alegando que el tribunal aún debe emitir “unas aclaraciones”.
En todos los seguros contra incendios que se suscriben en España se incluye una cuota del 5% para que las Administraciones Públicas mejoren la prevención y extinción de siniestros. Ese dinero lo paga el cliente a su compañía, en su prima, y ésta lo transfiere a una gestora vinculada a Unespa —la patronal de las aseguradoras—, que se encarga de transferir los fondos a la administración que debe prestar estos servicios en cada municipio, ya sean ayuntamientos, diputaciones provinciales o Comunidades autónomas.
