Bruselas propone que la ESMA controle a todas las entidades, pero algunos reguladores, incluido el español, piden que solo se encargue de las más significativas
Poner de acuerdo a los 27 países de la Unión siempre ha sido un reto para las instituciones europeas, lo que ha llevado a menudo a dilatar los tiempos para impulsar cualquier legislación. MiCA, la ley sobre criptoactivos, tardó años en gestarse y entró en vigor el 30 de diciembre de 2024. Pero poco más de un año después, ya se busca revisar la normativa o, al menos, aclarar algunos aspectos del texto. La Comisión Europea propuso en diciembre centralizar la supervisión de las empresas cripto en manos de la ESMA, el coordinador europeo, quitando de facto la competencia a los vigilantes nacionales. Pero no todos están de acuerdo: algunos se oponen totalmente a esta posibilidad, otros consideran que solo debería vigilar a las entidades significativas.
La postura de la Comisión es firme: la naturaleza transfronteriza del negocio cripto, su elevado riesgo y su dimensión virtual requieren extremar precauciones y eliminar, de una vez por todas, cualquier laguna o discrepancia entre reguladores que pueda suponer un riesgo para la estabilidad financiera de la región. Aunque ahora la ESMA debería garantizar la convergencia entre los vigilantes europeos, en el primer año de implementación de MiCA ha habido una enorme disparidad entre países: mientras Alemania ya ha otorgado 50 licencias y Países Bajos 22, Italia y Grecia no han concedido ninguna. Los supervisores se han adaptado a velocidades distintas y con doble vara de medir, como demostró el pasado verano un informe exprés de la ESMA, que cuestionaba la falta de rigor en el proceso de concesión de licencias por parte del regulador de Malta.
