Las entidades financieras quedarán fuera de la exigencia de Bruselas de traspasar las competencias sobre activos digitales al supervisor europeo en dos años
El espacio cripto ha pasado de ser el Salvaje Oeste a estar profundamente regulado desde la entrada en vigor de MiCA a finales de 2024. Pero con su puesta en marcha, los supervisores y la industria se han dado cuenta de que todavía quedan algunos flecos por cerrar. Así, Bruselas plantea ahora otorgar más poderes al regulador europeo, la ESMA, para que vigile a todos los proveedores de servicios cripto, conceda las autorizaciones e imponga sanciones si es necesario... Competencias que a día de hoy son responsabilidad de los reguladores locales. Pero no todas las firmas estarán bajo el paraguas del supervisor europeo. La directiva, de hecho, propone que las entidades financieras que ofrezcan servicios de criptoactivos sigan sujetas las autoridades nacionales: en el caso de España, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
En su paquete regulador presentado la semana pasada, la Comisión prevé que estas entidades, que obtienen la licencia MiCA por la vía de la notificación, un régimen simplificado respecto a la autorización, pasarán a estar supervisadas por la ESMA solo cuando sus servicios criptos se conviertan en su actividad principal (es decir, si más del 50% de su volumen de negocios anual está ligado a los activos digitales). “Dado que ya existe un sistema centralizado de supervisión bancaria que garantiza la integración y coherencia en la supervisión, no debería producirse una transferencia de competencias de supervisión cuando la entidad que presta servicios de criptoactivos sea una entidad de crédito”, se lee en el texto. En España, BBVA, Openbank, Cecabank y Renta4 Banco han obtenido la licencia. En Europa, entidades financieras como Revolut, N26, Caceis Bank o Raiffeisenbank cuentan con la autorización.
