Los estatutos de la compañía española fijan diversos obstáculos para la libre tranmisión de las acciones de clase A, que dan a la familia el 94% de los derechos de voto
Puig y Estée Lauder buscan la fórmula propicia para facilitar una integración de sus negocios. Como comunicaron la semana pasada, ambos grupos cosméticos mantienen conversaciones que podrían desembocar en una fusión, aunque la naturaleza familiar de las compañías, pese a ser las dos cotizadas, pone dificultades sobre una transacción que ha levantado algunas dudas en el mercado.
Dichas dificultades vienen derivadas por las distintas clases de acciones en las que se dividen sus respectivos accionariados, y que otorgan a las familias fundadoras de Puig y Estée Lauder un poder político que les permite tener un poder de voto casi pleno, pese a que el porcentaje total de las acciones que tienen en sus manos sea inferior. Esas acciones políticas tienen un blindaje mayor que las normales, y hacen que su transmisión sea mucho más compleja.
El caso de Puig es claro. La familia fundadora cuenta con una mayoría accionarial de algo más del 73% del capital, aunque sus derechos de voto alcanzan el 93,5% del total. Esto es gracias a que, en el momento de su salida a Bolsa en mayo de 2024, el accionariado se dividió en dos clases de títulos: los de clase A, destinados únicamente a la familia y que otorgan cinco votos por cada una; y las de clase B, las ordinarias y que llevan consigo solo un voto. De esta forma, los Puig se aseguraron de que mantendrían el poder político sobre la compañía, aún si decidiesen reducir su participación en la sociedad para dar cabida a nuevos inversores.
