Una sentencia reciente del Constitucional eleva las garantías del derecho de defensa, pero provoca que fiscales y policías adviertan de la dificultad para desarrollar investigaciones complejas en secreto
La Guardia Civil detuvo con casi dos toneladas de hachís en un camión a una banda de narcotraficantes que se dedicaba a introducir droga desde Marruecos a España en enero de 2025. Unos días después, el caso dio un vuelco. Uno de los enviados a prisión provisional confesó a los agentes que el costo no sólo se introducía por la frontera, sino que existía un narcotúnel. La causa permaneció bajo secreto y unas semanas más tarde los investigadores explotaron otra fase de la operación y encontraron por primera vez el conducto que funcionaba desde hacía años para pasar fardos entre Ceuta y Marruecos. El caso se bautizó como Hades (dios griego del inframundo). “Si no hubiéramos mantenido en s...
ecreto la causa no hubiéramos descubierto el túnel jamás”, asegura una fuente de la investigación.
La operación se desarrolló en fases, como es cada vez más habitual en el mosaico de la criminalidad actual en el que las bandas y los capos se entremezclan, compartiendo espacios y proveedores. “Ahora las organizaciones trabajan de forma parcelada. En una investigación está, por ejemplo, un grupo que hace el agua [transporta la droga en narcolanchas], los de la tierra que tienen contratados a otros que tienen guarderías [lugar para guardar la droga]”, relata una fuente de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. “Son operaciones por estratos. Puedes detener a unos y mantener el secreto para llegar al resto”.
