La fiscal Antidroga avisa de una “avalancha” de recursos y de que se complican las causas bajo secreto, pero el tribunal de garantías niega que el reajuste de su doctrina lleve a liberaciones indebidas
La Audiencia Nacional ha liberado en las últimas semanas a 24 personas imputadas por su supuesta participación en una macrorred de narcotráfico. La razón aducida es una reciente sentencia del Tribunal Constitucional, dictada el pasado 23 de febrero, que reajusta su doctrina y obliga a los jueces a proporcionar información más detallada a los detenidos que son enviados a prisión provisional en causas bajo secreto de sumario.
Rosa Ana Morán, fiscal jefe Antidroga, advierte que la resolución ha implicado, además de esas excarcelaciones, una “avalancha de recursos” en otras investigaciones, con peticiones de libertad “masivas”, y considera que esta sentencia pone en riesgo el secreto de las actuaciones y la viabilidad de pesquisas desarrolladas en colaboración con otros países. Mientras, fuentes del Constitucional sostienen que la sentencia —aprobada por unanimidad de la Sala Primera— supone únicamente un reajuste doctrinal que responde a exigencias constitucionales y a una directiva europea, y que no debería conducir, “en ningún caso” y si se aplica de forma correcta, a liberaciones indebidas. “Tiene que haber siempre una motivación suficiente para cualquier prisión provisional: es un derecho fundamental”, subrayan. Este periódico ha contactado con fuentes tanto del sector conservador como progresista del tribunal de garantías, plenamente coincidentes en este punto.
