Mientras la UE reconoce su dependencia de la mano de obra extranjera, impulsa normas que aceleran expulsiones y externalizan el control de fronteras
“Ojalá hubiera muerto. Fue un viaje al infierno”. Así se pronunció Arya, nombre ficticio de una eritrea entrevistada por Naciones Unidas en su último informe sobre abusos contra migrantes y solicitantes de asilo en Libia, país de tránsito para cientos de miles de personas que, como esta mujer, tratan de alcanzar Europa cruzando el Mediterráneo. Quien lo intente en 2026 se verá ante un horizonte contradictorio: economías que necesitan trabajadores y sociedades que ya son muy diversas, pero también una arquitectura legislativa cada vez más hostil, proclive a expulsar con rapidez —a menudo sin respetar los derechos humanos— y a delegar responsabilidades en terceros países....
El documento de Naciones Unidas, basado en casi un centenar de testimonios recogidos entre 2024 y 2025, describe detenciones arbitrarias, violaciones sistemáticas, trabajos forzados y separaciones familiares. No es el primer informe, ni será el último. Periódicamente, distintos organismos internacionales y ONG advierten de que Libia no es un lugar al que deportar a nadie, y lo hacen con insistencia porque, entre otras razones, saben que la Unión Europea sí considera este país africano un lugar “seguro” al que enviar de vuelta a los migrantes, pese a las denuncias de la última década. Una década en la que Bruselas y varios Estados miembros —con Italia en cabeza— han financiado y equipado a los guardacostas libios para interceptar embarcaciones y devolver a sus ocupantes al punto de partida, a ese infierno del que habla Arya.
